La Asociación Pro-Derechos del Confinado de Puerto Rico expresó este miércoles su preocupación ante la reducción impuesta por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) al presupuesto del Departamento de Corrección y Rehabilitación por el efecto que tendrá sobre los servicios de salud de los reos.

Según alegó el grupo de confinados en un comunicado de prensa, el ente federal impuesto por el Congreso ordenó recortar el 50 por ciento del presupuesto destinado al Programa de Salud Correccional, que representan unos 13 millones de dólares.

La cifra se suma a otros $8 millones que se recortaron en el presupuesto del pasado año fiscal.

"La reducción impuesta al presupuesto del Departamento de Corrección y Rehabilitación para el año fiscal 2019-2020 y los ahorros requeridos por la Junta de Supervisión Fiscal afectará nuestros derechos humanos más básicos, en especial el derecho a la salud, física y mental", dijo la organización.

La Asociación explicó que su fin es defender los derechos de la población penal y velar porque se cumpla la obligación constitucional del Estado de promover oportunidades de rehabilitación moral y social a las personas privadas de su libertad.

El grupo de reos detalló que el costo promedio actual de los servicios de salud por confinado es de 6,000 dólares y que el ente fiscal creado bajo la Ley Promesa requiere que se reduzca a $3,000.

Ante ello, los confinados cuestionaron cuál será el plan que la aseguradora Physician HMO hará cumplir con los 3,000 dólares que requiere la JSF sin que se afecten los servicios.

Los presos enfatizaron que los medicamentos para pacientes con VIH, condiciones serias de salud mental y condiciones crónicas como asma y diabetes no pueden verse afectados.

Además, el organismo dijo que, según el Correctional Health Services, cerca del 70 por ciento del costo de todos los medicamentos que se dispensan en el sistema de salud correccional son destinados a fármacos antirretrovirales y psicotrópicos, y cuyos costos son altos.

"Los problemas de salud mental representan sobre un 53 por ciento de la prevalencia en las condiciones de salud del confinado", detallaron.

"No solicitamos lujos, lo que exigimos son condiciones de vida que no lesionen nuestra dignidad", puntualizó el grupo.