La procuradora de las Mujeres, Lersy G. Boria, dijo que el derecho adquirido por una mujer siempre será defendido y que el Gobierno no va retroceder.

La funcionaria dijo hoy que está de acuerdo con el veto expreso que emitió el gobernador Ricardo Rosselló al Proyecto del Senado 950, que buscaba establecer la Ley para la protección de la mujer en los procedimientos de terminación de embarazo y la preservación de la vida.

La vista fue reseñalada porque su abogado acaba de ser contratado para representar a su cliente en este caso criminal de asesinato.

“Nosotros lo suscribimos en nuestra ponencia”, dijo sobre la discusión del proyecto 950, e indicó que “miramos todos los panoramas, respetamos las posiciones de cada cual, pero derecho adquirido de una mujer… la libertad que tienen las mujeres… nosotros siempre lo vamos a estar defendiendo. No vamos a retroceder algo”.

Informó que “en un principio, cuando nos llegó el proyecto, sometimos muchísimas recomendaciones; fueron acogidas gran parte de estas. Sin embargo, como quiera somos de la postura que derechos adquiridos de las mujeres los vamos a estar defendiendo”, reiteró.

Boria aceptó que lo más que le preocupaba era la edad de las jóvenes, porque la medida restringía el aborto a mujeres menores de 18 años, ya que tendrían que ir a un tribunal a pedir un permiso para poder abortar si sus padres o tutores no consentían. 

“El aspecto de la edad, sí, ciertamente reconocemos -yo soy madre- que un menor de edad cualquier intervención médica tiene que ser protegida y consentida por sus padres. Sin embargo, aquí estamos entrando en procesos más profundos. A veces los padres son los mismos que agreden a sus hijas. Al mismo tiempo, la efectividad del proceso de ir una niña a un tribunal en caso de que un padre, que quizás es el mismo violador, no le autorice. El bebé sigue evolucionando, así que era bien profundo el tema y somos de la postura que la edad todavía no salvaguardaba ese derecho a la mujer”, insistió.

Hoy, en una comunicación escrita, Rosselló, al anunciar el veto expreso de la medida, reiteró la “defensa por salvaguardar el derecho a la intimidad de todos nuestros ciudadanos y, en este caso particular, lo que reconocemos como un derecho fundamental de la mujer. El estado no debe intervenir en su decisión, más allá de las normas constitucionales para garantizar su salud, seguridad y otros derechos fundamentales”.