Unos 53 representantes de municipios de la isla -entre estos siete alcaldes- se reunieron hoy con la Procuradora de las Mujeres, Lersy Boria, para dar seguimiento al plan de trabajo en los asuntos de la mujer y fijar unos acuerdos para establecer oficinas de servicio a víctimas de violencia de género en los ayuntamientos.

En el cónclave- que se extendió por más de dos horas- la Procuradora escuchó las preocupaciones y propuestas de los alcaldes, al tiempo que se comprometió en gestionar adiestramientos para que cada municipio cuente con personal certificado para interceder en casos de violencia de género, un problema social que el año pasado cobró la vida de 23 mujeres.

En conferencia de prensa, Boria dijo que lo discutido es resultado de un esfuerzo multisectorial que la oficina lleva trabajando hace siete meses con las organizaciones sin fines de lucro, los albergues, el sector privado, agencias gubernamentales, entre otros.

“La oficina de la Procuraduría no puede erradicar la violencia sola. Por eso nuestra invitación a la inclusión y a los alcaldes para que conozcan nuestros servicios. Aquí no hay que reformular la rueda. Hay servicios que ya están disponibles… es cuestión de coordinar”, dijo al elogiar que tanto miembros de la Federación como de la Asociación de Alcaldes respondieran a su convocatoria.

Entre los ejecutivos municipales que participaron de la reunión se destaca la alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado, quien describió como un “paso adelante en la lucha contra la violencia de género” el conversatorio de esta mañana.

“La Procuradora y su equipo nos relató la falta de recursos, tanto humanos como materiales y en ese sentido los municipios estamos dispuestos a aportar en todo lo que podamos. Considero de suma importancia mantener canales de comunicación continuos y que se ejerza el principio de la descentralización. La sede de la Procuraduría está en San Juan y los 78 municipios requieren servicios, particularmente en nuestra zona de la montaña. Nuestra actitud es de colaboración continua", dijo Maldonado al agregar que en la Alcaldía se reciben casos de violencia de género semanalmente.

La Procuradora reconoció los tropiezos económicos de la agencia en la que, actualmente, trabajan 40 personas. En la división legal, por ejemplo, hay sólo dos abogados.

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El alcalde de Vega Baja, Marcos Cruz Molina, quien también asistió a la cita, sostuvo que en muchas ocasiones son los municipios la primera ayuda de las víctimas, quienes llegan en busca de apoyo emocional y de oportunidades que le permitan lograr su independencia y abandonar el ciclo de violencia doméstica.

“A pesar de la reducción de apoyo y presupuesto por parte del gobierno central, nuestro compromiso sigue firme”, dijo Cruz Molina al distinguir que un elemento esencial en el proceso “es la educación en las escuelas”. “Como educador sostengo que la lucha contra la violencia de género es un proceso a largo plazo y hay que educar a la niñez y juventud”, agregó.

Por su parte, el alcalde de Cataño, Félix “Cano” Delgado -municipio que ya cuenta con una oficina de ayuda a las víctimas-, recomendó como medida preventiva que la policía municipal pueda dar rondas preventivas a las víctimas de Ley 54 y que el Departamento de Corrección ofrezca detalles de las personas con grilletes (acusadas de violencia doméstica), a quienes también se les daría vigilancia policiaca.

En el caso de Las Piedras, su alcalde Miguel “Mikie” López agradeció la iniciativa a Boria y dejó establecido que en su ayuntamiento hay una dependencia -con trabajadoras sociales- encargadas de interceder en casos de violencia de género.

Mientras, alcaldes como el de Río Grande, Ángel “Boris” González, resaltó la importancia de crear alianzas con otros municipios. En su caso, dijo, se crearon vínculos con municipios como Ceiba y Caguas, para atender mediante ayuda profesional de sicólogos, abogados y trabajadores sociales los casos de agresión que se suscitan en el pueblo.

“Estamos próximos a firmar un acuerdo para tener en Río Grande una oficina de la Procuraduría y eso sería de gran aporte a nuestra comunidad… es hora de buscar soluciones, unirnos a los esfuerzos del Gobierno y no señalar ni buscar excusas”, manifestó González al tiempo que destacó el hecho de que a través de la reunión estableció enlaces de residencias de emergencia para mujeres víctimas de violencia.

Los alcaldes de Guayanilla (Nelson Torres Yordan) y el de Aguas Buenas (Javier García), coincidieron en la importancia de adiestrar a la policía municipal y al personal de Manejo de Emergencias de los ayuntamientos pues son estos servidores públicos quienes primero llegan a las escenas a auxiliar a las víctimas.

Algunos alcaldes mencionaron como beneficioso recibir ayuda de los Fondos VOCA del Departamento de Justicia. Estos fondos, según se desprende de la página web de la agencia de seguridad, se conceden para proveer asistencia directa a las víctimas de delitos, violencia doméstica, maltrato a menores, abuso sexual, maltrato a envejecientes, entre otros. Los fondos se utilizan para proveer servicios que respondan a las necesidades físicas o emocionales de las víctimas, ayuda durante el proceso judicial y para medidas de seguridad y protección.

Harán de tripa corazones

Boria dijo que aún cuando tienen el escollo económico, las ayudas a los municipios se podrán concretar gracias a unos acuerdos colaborativos que se han hecho con distintas empresas y agencias, entre estas la Oficina del Ciudadano de Fortaleza, donde se comprometieron en identificar las necesidades que confronten los ayuntamientos para instalar sus servicios. Mientras, el Concilio de Mujeres, recientemente, hizo un compromiso de ayudar a la Procuraduría a trabajar el área de fiscalización.

De otra parte, la funcionaria resaltó el esfuerzo que se hace a través de la Academia de Intercesoras Legales, de la cual se gradúan en marzo 18 personas que serán capacitadas para trabajar en municipios, tribunales, escuelas y organizaciones sin fines de lucro.

“Estas personas serán certificadas por personal capacitado de nuestra oficina y estarán disponibles para ser contratadas en la agencia que requiera sus servicios”, dijo Boria.

Otra academia se abrirá en mayo, en esta ocasión para graduar a intercesoras legales de agresión sexual. “Pronto se hará la convocatoria. Se trata de cursos de aproximadamente tres a cuatro meses que se ofrecen todos los sábados”, adelantó.