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Proponen DTOP otorgue permisos portación armas

02/21/2012 |
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La legislación saca totalmente a la Policía del proceso de aprobación de permisos de armas.

Un proyecto para liberalizar la posesión y portación legal de armas de fuego en Puerto Rico fue radicado por el senador novoprogresista Carmelo Ríos, quien reclamó para los puertorriqueños el mismo derecho a tener armas que el de los residentes en Estados Unidos.

El proyecto del Senado 2466 crearía la Ley Constitucional de Armas de Puerto Rico y, según el senador, busca atemperar la ley local a las recientes decisiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos que esteblecen el derecho fundamental de los ciudadanos a tener y portar armas .

La legislación saca totalmente a la Policía del proceso de aprobación de permisos de armas y coloca al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), a través de sus centros Cesco, la función de emitir las licencias que certifican la autorización de las personas a poseer y portar armas.

Justificó la selección del DTOP para la función de otorgar estas licencias con que ésta es la agencia que posee ya los expedientes y la información personal más completa de la mayoría de los residentes de la Isla. Minimizó los problemas que enfrenta el DTOP para cumplir sus tareas actuales y afirmó que las nuevas funciones le aportarán recursos adicionales a la agencia.

Ríos propone en su proyecto que para la primera solicitud de licencia se paguen $20 y que para las renovaciones, cada seis años, se paguen $10.

Calificó de “democrática” esa propuesta y la contrastó con la ley actual, que impone un gasto que, aseguró, se acerca a los $1,000 para aprobar una nueva licencia.

Además del DTOP, podrán emitir estas licencias o certificados “agentes autorizados” que podrán ser armeros, clubes de tiro y concesionarios en los puertos de entrada a la Isla”.

Certifican y luego investigan

La propuesta de Ríos dispone que, luego que los oficiales designados en el DTOP o los “agentes autorizados” reciban el pago por los derechos y los documentos debidamente completados, “se procederá de inmediato a emitir la licencia de armas”.

En el proyecto se agrega que, una vez “emitida la licencia, será deber de la Oficina de Licencia de Armas realizar el cotejo electrónico, por aquellos medios a su alcance, sobre el expediente negativo de antecedentes penales del peticionario.

La mencionada oficina estará en el DTOP y, según la propuesta, la verificación de los antecedentes de los peticionarios se hará utilizando el sistema del National Instant Criminal Background System.

Se disponen penalidades para quienes ofrezcan información falsa para la obtención de la licencia de armas, así como un mecanismo para apelar una decisión negativa.

Derecho Constitucional

“No hay razón alguna por la cual los puertorriqueños tengan menos derechos que el resto de los demás ciudadanos americanos y ésta es muestra de que nosotros somos iguales y esta ley atiende las necesidades de nuestra gente humilde y nuestras mujeres”, dijo.

“Defendemos los derechos de la gente buena y decente de Puerto Rico”, agregó.

“Hace casi cuatro años ya, la Suprema Corte de los Estados Unidos resolvió en el caso de DC v. Heller que tener y portar armas es un derecho fundamental y, apenas dos años atrás, la Corte Suprema aclaró que dicho derecho aplica a los Estados y, por consiguiente, a Puerto Rico por tratarse de un derecho fundamental que pertenece al pueblo, a nuestros ciudadanos, en el caso de McDonald v. City of Chicago”, recalcó el senador, que preside la Comisión de Gobierno del Senado.

Indicó que con su propuesta, los armeros en Puerto Rico operarían bajo las leyes y reglas federales, al igual que en todos los Estados Unidos.

También señaló que se reconocerían las licencias de “los 50 estados, los territorios, enclaves y posesiones” de Estados Unidos.

Aclaró, por otro lado, que en la nueva ley se retienen todos los delitos que aplican al uso ilegal de armas y se incorporan nuevos delitos.

“Para el delincuente no vamos a tener contemplaciones y jamás las tendremos”, dijo.