Proponen eliminar el derecho a la fianza en ciertos casos

Por Primerahora.com 08/25/2019 |08:39 a.m.
La Resolución fue referida a la Comisión de Gobierno, que presidia Rodger Iglesias. (Archivo)  
La pieza legislativa también establece que la enmienda propuesta sea sometida para su aprobación o rechazo a los electores.

Una enmienda constitucional para eliminar el derecho absoluto a la fianza en casos de asesinatos de parejas o exparejas consensuales fue propuesta en el año 2009 por el entonces Senador por el Distrito de Carolina, Héctor Martínez Maldonado.

La idea puede que gane peso ahora, luego de los sucesos de la pasada semana.

Se trata de la Resolución Concurrente del 12 del 9 de mayo de 2009 y la cual propone una enmienda a la Sección 11 del Artículo II de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico con el propósito de establecer que todo acusado de delito grave gozará del derecho a permanecer en libertad bajo razonable fianza antes de mediar un fallo condenatorio; excepto cuando se impute la comisión del asesinato de un cónyuge, excónyuge, pareja o expareja.

La pieza legislativa también establece que la enmienda propuesta sea sometida para su aprobación o rechazo a los electores capacitados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en referéndum especial para disponer su vigencia.

La Resolución fue referida a la Comisión de Gobierno, que presidia Rodger Iglesias.

“Puerto Rico ya no es la pacífica y apacible Isla del Año 1952, cuando se adoptó la Constitución de Puerto Rico, en cuyo contexto histórico-social se produjo el establecimiento de un derecho absoluto a la libertad bajo fianza en la Carta de Derechos. Nuestra sociedad, de entrada, al Siglo XXI, atraviesa por un entramado existencial de cambios en los órdenes socioeconómicos y culturales, que ameritan un reenfoque en la administración de la justicia. El más relevante de estos enfoques es el marcado desarrollo continuo y sofisticado de técnicas y conductas criminales, que han provocado el quebrantamiento de la seguridad pública en Puerto Rico”, lee parte de la Exposición de Motivos de la medida.

“La Asamblea Legislativa de Puerto Rico tiene la responsabilidad constitucional de tomar acciones para viabilizar el proceso de someter al Pueblo aquellos cambios que sean requeridos para redefinir los principios constitucionales de manera que respondan a las necesidades actuales y futuras de nuestra sociedad”, terminó diciendo el ahora exsenador del Partido Nuevo Progresista (PNP).

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