En una de las multas por la suma de $1,000 pidió reconsideración, la que le fue denegada, y en julio pasado se le envió un aviso de cobro que no ha pagado, confirmó a Primera Hora el contralor electoral Walter Vélez. 

En este caso, en el informe intermedio de octubre a diciembre de 2015, los auditores detectaron inconsistencias y le solicitaron al entonces candidato a la Cámara que corrigiera las fallas. “Él no contestó y se le impuso la multa”, explicó Vélez.

En la segunda infracción, Rodríguez Ruiz no cumplió con la radicación del informe en la fecha impuesta por ley. Se le expidió una multa de $500 para la cual pidió revisión y el proceso es evaluado en la División Legal.

Ayer, Rodríguez Ruiz se reafirmó en que no renunciará a su escaño en la Cámara, en abierto desafío al gobernador y presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP), Ricardo Rosselló; y al presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez.

Calificó de una falta de respeto “al honorable cuerpo de la Cámara de Representantes” que Méndez le pidiera la renuncia sin esperar a que las investigaciones concluyan.

“Este servidor no ha sido acusado de nada. Las acciones del presidente me resultan altamente cuestionables”, dijo.

“No existe espacio en el servicio público para la conducta que se le imputa al representante”, reiteró, por su parte, Méndez.

También, el gobernador dijo ayer que las imputaciones son muy serias. “Si no hay claridad con lo que ha ocurrido, y si no hay evidencia, mi petición ha sido clara como presidente del Partido y es que debe renunciar a su posición de manera inmediata”, dijo Rosselló.

Rodríguez Ruiz, en tanto, rechazó haber solicitado “dinero” a empleados de su oficina y calificó de falsas las alegaciones de su exempleado Rafael Rodríguez Molina. Éste negó haber hecho donativos por $1,500 a Rodríguez Ruiz, según lo reportó en un informe. 

“Esta persona me ayudó durante los últimos meses de mi campaña con una guagua de sonido que se utilizó… y ese informe aparece en el contralor electoral. Mensualmente, se le puso un valor por ese servicio que él estaba brindando de $300. No son donativos fatulos, es una donación en especie”, dijo Rodríguez Ruiz. 

El legislador negó también haber otorgado contratos de empleo con la expectativa de obtener un porciento de la suma. “Este servidor nunca le ha solicitado dinero a ningún empleado, ni para trabajar, ni para nada. Eso son imputaciones totalmente falsas. Aquí están todos mis empleados y ninguno ha sido entrevistado”, sostuvo.

Dijo que Rodríguez Molina trabajaba en su oficina legislativa y “no se le renovó el contrato” como resultado de una reducción de personal por las medidas de austeridad de la Junta de Supervisión Fiscal. “Esta persona que ahora trabaja para el Municipio de Santa Isabel malintencionadamente hizo estas declaraciones sabiendo de que sí se realizaron unos donativos”, indicó Rodríguez Ruiz.