El portavoz senatorial del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau Ramírez se expresó sobre la decisión del Tribunal Federal de declarar inconstitucional los nombramientos de la Junta de Supervisión Fiscal.

“Esta opinión no cuestiona el poder plenario del Congreso de Estados Unidos sobre Puerto Rico a base de la cláusula territorial. Al contrario, lo reitera. La opinión se trata de una pugna entre dos disposiciones de la Constitución federal. Tanto es así, que el resultado de la opinión mantiene vigentes todas las disposiciones de la Ley PROMESA, salvo la de los nombramientos de los miembros de la Junta. Ahora, el presidente Trump nombrará los miembros de la Junta de Control Fiscal (JCF) y el Senado Republicano dará su consejo y consentimiento según dispone la cláusula de nombramientos”, dijo Dalmau en declaraciones escritas.

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“Tan tiránico es una junta de ‘demócratas y republicanos’ como tiránico es una JCF exclusivamente de ‘republicanos’”, añadió.

“Todavía queda por ver si esta controversia llegará al Supremo Federal. Pero, independientemente de la conclusión final la gran tragedia colonial es que en la crisis fiscal y económica más grave que ha enfrentado Puerto Rico en su historia, los puertorriqueños vemos el drama como quien se asoma y mira desde una ventana.  Los protagonistas no somos los puertorriqueños, sino las instituciones de las fuerzas coloniales del gobierno de los Estados Unidos”, puntualizó el líder independentista. 

Dalmau insistió en que "la opinión inequívocamente reitera el poder del Congreso sobre el territorio de Puerto Rico y se negó a derogar los Casos Insulares que legitimaron jurídicamente ese poder sobre territorios no incorporados".

De otra parte, El presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR), Edgardo Manuel Román Espada, hizo lo propio a nombre de la organización que representa.

“La Constitución federal requiere que los nombramientos a funcionarios federales de esta naturaleza sean presentados o nominados por el presidente con el consejo y consentimiento del Senado, y ninguno de los siete miembros de la Junta de Control Fiscal pasó por ese proceso. El Tribunal de Boston, por voz del juez ponente, Juan R. Torruellas, dio un plazo de 90 días para que el presidente de los Estados Unidos complete el proceso de nominar y confirmar a los integrantes de la JCF, los que podrían ser, a voluntad suya, los que están, algunos de los que están o todos nuevos”, explicó en un comunicado.

“La novedad de esta determinación es en cuanto a que los funcionarios de la Junta son todos oficiales principales de los Estados Unidos. La Ley dispone que los integrantes de la Junta serían funcionarios adscritos al territorio. La decisión resalta la anomalía de que el pueblo de Puerto Rico está pagando la nómina y gastos en que incurre la Junta. Esto dramatiza la relación colonial de Puerto Rico con los Estados Unidos, una situación insostenible”, añadió.

Román Espada puntualizó que el Colegio de Abogados y Abogadas “históricamente se ha opuesto al trato colonial hacia Puerto Rico, razón por la cual, desde el primer día hemos condenado la presencia de la JCF en nuestro País. En vista de que ahora la JCF ha sido reconocida por el Circuito de Apelaciones de Boston como un ente creado por el Congreso de Estados Unidos y dirigido por oficiales principales del gobierno federal, nuestro planteamiento es que el dinero que se emplea en la nómina y otros gastos de este organismo, lo pague el gobierno federal. A su vez, proponemos que el dinero que ahora le pagamos a la Junta sea redirigido a la Universidad de Puerto Rico, que tanto lo necesita para conseguir su acreditación, y que promoverá el desarrollo económico de nuestro País”.