Una investigación dirigida por la Comisión cameral de Educación Especial y Personas con Discapacidad encontró serias deficiencias en el Programa de Asistencia Tecnológica de Puerto Rico (Pratp), adscrito a la Administración Central de la Universidad de Puerto Rico (UPR), entre las que se destaca que “no rinde todas las funciones para las que fue creada”.

EL Pratp la única entidad en la Isla que trabaja en los procesos de cambios de sistemas para que las personas con impedimentos tengan acceso y utilicen la tecnología especializada o la asistencia tecnológica para que puedan ser más independientes y productivos para la sociedad.

Sin embargo, en el informe de 46 páginas, concluyeron que estas funciones no fueron realizadas por la entidad, informó en un comunicado de prensa el presidente de la Comisión, el representante Rafael “June” Rivera.

Entre otras cosas, se detectó que la directora del programa, María Miranda Castro, se le eximió de rendir informes mensuales porque “su labor alegadamente se reflejaba en las actividades realizadas por el Pratp”.

Además, se reveló que las patentes que llegó a inscribir la entidad no generaron ni un solo centavo porque nunca fueron comercializadas.

SE informó que la comercialización y mercadeo de patentes en la UPR le corresponde a su Oficina de Propiedad Intelectual y Transferencia de Tecnología.

“Los hallazgos muestran un programa con graves deficiencias en el manejo administrativo y grave desidia en la protección de los valiosos equipos para personas con necesidades especiales. La forma indolente en que se dispuso de todo ese material, que muchos en Puerto Rico necesitan tan urgentemente, hiere la sensibilidad y nos hacer reaccionar con coraje. Estamos hablando de un sector de nuestra población a los que les estamos negando su derecho a vivir de manera independiente en la medida que sea posible. Ahora nos corresponde legislar de tal manera que impidamos que esto vuelva a ocurrir”, opinó el representante.

De hecho, el legislador expuso que en marzo pasado se realizó una inspección ocular en las oficinas de la entidad y se descubrió “un caos de equipo amontonado, deteriorado, cuando debió ser utilizado para las personas con impedimento necesitadas”.

Detalló que, luego del huracán María, se relocalizó el personal, pero no así el equipo. El mismo quedó abandonado en estructuras afectadas por el ciclón y otros expuestos al aire libre. También fueron colocados en los baños, pegados a inodoros.

“Más aun, se encontró materiales nuevos tirados en el piso, entre ellos, donaciones recibidas de organizaciones exteriores para los afectados por el huracán, como andadores, pañales y otros. La investigación del representante arrojó que tampoco se tiene un inventario del equipo”, establece el parte de prensa emitido.

“Los funcionarios de Pratp le dijeron al representante June Rivera y a los demás miembros de la Comisión que los equipos para uso de personas con discapacidades, y expuestos a ratas y sabandijas, solo se desinfectarían previo a ser entregados”, se añadió.

Por otro lado, el informe cameral revela que la UPR no cumplió con su obligación preparar un reglamento para el establecimiento de un Proyecto Permanente de Reciclaje, Préstamo y Reúso del equipo. La Junta de Gobierno de la UPR tiene bajo su consideración un borrador hace dos años.

Además, surge de la investigación que el Consejo Asesor de la entidad incluye entre sus miembros a integrantes de otros Consejos y organizaciones que administran fondos federales para luchar contra lo que estaba sucediendo en el Prapt.

Ante los graves hallazgos, el representante June Rivera recomendará enmendar la Ley 264-2000 (Ley del Programa de Asistencia Tecnológica de Puerto Rico) para transferir el Pratp al Recinto de Ciencias Médicas de la UPR, y que le provea de una ubicación permanente en una infraestructura adecuada, seguridad, mantenimiento, servicios administrativos, apoyo a la red de telecomunicaciones y tecnología de información, entre otros asuntos vitales, según se informó.

Reacciona la UPR

Por su parte, el presidente de la UPR, Jorge Haddock, sostuvo que la institución ha tomado medidas para que el Programa de Asistencia Tecnológica de Puerto Rico “sirva mejor a la población y se corrija cualquier deficiencia del pasado”.

Es por esto que informó que en agosto nombraron a María Hernández Maldonado como la nueva administradora del Programa. La doctora es patóloga del habla y lenguaje y “está muy comprometida” con la implementación de un plan de acción para mejorar los procesos y el ofrecimiento a las personas con discapacidad en la isla.

“Al iniciar funciones, advenimos en conocimiento de que existía una investigación legislativa sobre dicho programa y, de inmediato, realizamos una inspección. Al percatarnos de varias situaciones, nos dimos cuenta de que ese tipo de programa serviría mejor desde uno de nuestros recintos, pues contaría con el espacio necesario y el personal especializado para atenderlo de la manera que requiere. Además, los estudiantes podrían beneficiarse de la experiencia. Por lo que determinamos iniciar el proceso para transferir el programa al Recinto de Ciencias Médicas”, indicó en declaraciones escritas.

“Sin embargo, del análisis de la Oficina de Asuntos Legales se desprende que el traslado debe realizarse por la vía legislativa. Ya existe un proyecto de ley a esos fines, radicado en el mes de junio del presente año, el cual favorecemos. Estaremos enviando nuestros comentarios sobre la medida a la Asamblea Legislativa. Esperamos que sea aprobado prontamente para finalizar la transferencia”, añadió.

Asimismo, sostuvo que Hernández Maldonado se reunió hoy con el representante Rafael Rivera para atender los hallazgos de la investigación legislativa.