El gobernador Ricardo Rosselló dejó la puerta abierta a aceptar la recomendación que hiciera esta mañana la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) a los fines de ceder la Corporación para la Difusión Pública (WIPR) a alguna entidad sin fines de lucro, aunque subrayando que solo lo haría bajo la condición de que ningún empleado de la instrumentalidad fuese despedido.

“Desde que entramos en la administración tenemos una estrategia lineal para trabajar la estructura del nuevo gobierno. Hacia eso lo hemos llevado a una reducción de 21% en las agencias del ejecutivo y tenemos unas estrategias que han seguido su curso. Obviamente trabajar con las corporaciones públicas es parte de esa iniciativa (y el caso de WIPR) está en el ‘pipeline’”, señaló el mandatario esta tarde en una conferencia de prensa.

“Sí les puedo adelantar que estamos evaluando varias alternativas para ver qué es lo mejor. Entre ellas se incluyen permanecer como está la estructura, trabajar algún tipo de organización sin fines de lucro que lo pueda llevar a cabo entre otras iniciativas, siempre con el compromiso de la Ley de Nuevo Gobierno de que todos los empleados y empleadas del gobierno van a retener el derecho de mantener su empleo y que nadie va a ser despedido”, agregó Rosselló.

En una misiva publicada esta mañana, la JSF instó al gobierno a privatizar la corporación, bajo el planteamiento de que en Estados Unidos es común que los medios de difusión públicos permanezcan en manos de organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro.

“Transferir (a WIPR) a una entidad privada sin fines de lucro puede proveer oportunidades de crecimiento, mejorar la programación que se ofrece al pueblo de Puerto Rico y ahorrarle dinero al Gobierno”, expone la carta firmada por el presidente del organismo federal, José Carrión.

“La Junta de Supervisión respalda la difusión pública, pero los recursos para financiar la Corporación como una entidad privada sin fines de lucro pueden y deben provenir desde fuera del Gobierno para que el Gobierno pueda priorizar aquellos servicios que solo este puede proveer”, añade la misiva.

El gobierno tiene 90 días a partir de hoy para responder a la recomendación de la JSF.

“Esto que hace la Junta es una recomendación. Bajo (la ley Promesa) nosotros podemos acatar la recomendación o la podemos rechazar. La contestación es que nosotros estamos en plazo de evaluar todas las agencias de gobierno para ver cuáles son las mejores configuraciones y consistente con el plan fiscal que ellos certificaron todavía quedan unas cuantas que estamos evaluando previo a eso, pero el análisis se está haciendo para buscar cuál es el mejor mecanismo parea WIPR”, subrayó Rosselló.

Las expresiones del primer ejecutivo surgieron durante una rueda de prensa llevada a cabo luego de su anuncio de sendos acuerdos de colaboración con la Asociación Nacional de Fiscales Generales y la Sociedad Americana de Directores de Laboratorios Criminales, con el objetivo de identificar alternativas para atender la crítica situación que atraviesa el momento el Negociado de Ciencias Forenses.