La Cámara de Representantes dio paso hoy a una resolución del Senado que ordena al Departamento de la Vivienda a destinar parte de los fondos federales de recuperación del programa CDBG-DR a las ocho comunidades del Caño Martín Peña para la rehabilitación y construcción de las residencias afectadas por el huracán María.

La medida pasa la firma de la gobernadora, Wanda Vázquez Garced.

La resolución conjunta había sido vetada por el exgobernador, Ricardo Rosselló Nevares, un día antes de su salida del gobierno, bajo el alegato de que las enmiendas al plan de acción del gobierno de recuperación post María no eran cónsonas con la normativa federal.

La medida es de la autoría del senador por el distrito de San Juan Miguel Romero, fue radicada nuevamente por el legislador novoprogresista y se unió como coautor, el senador independiente, el senador José Vargas Vidot.

La pieza legislativa ordena al Departamento de la Vivienda –como administrador de los fondos– a enmendar el Plan de Acción e incluir a las ocho comunidades aledañas al Caño Martín Peña para facilitar la utilización del dinero para la reconstrucción y recuperación de las residencias, aun cuando estén ubicadas en áreas inundables.

Entre las obras que podrían realizarse con los fondos federales, dijo Romero, se encuentra la relocalización del sifón sanitario en la avenida Rexach, con un costo estimado de $15 millones; el proyecto Paseo del Caño Sur en las comunidades de Israel y Bitumul, a un costo de $47.4 millones; y la recostrucción de viviendas y relocalización de familias afectadas, lo cual se estima en unos $60 millones.

Romero expresó que, “desafortunadamente, se le impartió un veto a la Resolución Conjunta del Senado 360 que fue aprobada por la Asamblea Legislativa y hubiera ordenado realizar las enmiendas al Plan de Acción que beneficiarían a nuestras comunidades del Caño Martín Peña”.

“Reiterando mi compromiso con estas comunidades, presenté nuevamente ante la consideración de la Asamblea Legislativa esta importante medida. No hacerlo sería promover el desplazamiento de familias ante la ausencia de oportunidades para restaurar sus casas y su comunidad”, sostuvo el legislador novogresista, quien aspira a la Alcaldía de San Juan.

“La política pública vigente a través de la Ley 489-2004 obliga al Gobierno a darle atención prioritaria a la restauración ambiental del Caño Martín Peña y rehabilitar y revitalizar las comunidades que le rodean. No podemos dejar pasar una oportunidad tan grande que tenemos con la llegada de sobre $18,500 millones en fondos federales. Es momento de hacer valer esta política pública y actuar”, agregó. 

El senador expresó que “durante el trámite legislativo de la Resolución Conjunta del Senado 360 solo se realizaron enmiendas de estilo a la medida y se entendió, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, que no existe excusa o razón por la cual esta medida sería incompatible, tanto con el Plan de Acción como con la legislación federal”.

Agregó que de no realizarse las correcciones necesarias al Plan de Acción, se estaría promoviendo el desplazamiento de estas comunidades, contrario a la política pública vigente y las familias tendrían que escoger entre salir de sus hogares o permanecer allí y no recibir beneficio alguno de estos fondos.