Luego de que el Gobierno ordenara el 17 de septiembre pasado la cancelación del contrato con Gila LLC para la administración del AutoExpreso por supuestas irregularidades en el cobro de peaje y la emisión de multas, la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) reasignó a finales de abril pasado sus funciones de manera temporera a otra empresa que comparte su misma filial matriz.

Según confirmó la directora de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), Rosana Aguilar, la empresa contratada el pasado 25 de abril para continuar con la operación interina del AutoExpreso fue Professional Account Management (PAM).

De acuerdo a varios documentos entregados por el representante popular Ramón Luis Cruz Burgos  y la  información encontrada en una búsqueda sencilla por internet, PAM es una subsidiaria de Duncan Solutions.

La página cibernética de Duncan Solutions establece que su servicio de “solución de peaje”, “incluyendo el cobro de deudas son realizadas por PAM LLC”.

Esta corporación, Duncan Solutions, fue adquirida por la empresa Navient en agosto de 2017.

Gila, entretanto, es también una compañía de la empresa Navient. La filial matriz la adquirió a principios del 2015, según reportajes periodísticos de ese año.

De hecho, si desea conseguir un trabajo en Gila o en Duncan Solutions, la página cibernética base para hacer la solicitud es la misma: jobs.navient.com.

Por tal razón, Cruz Burgos cuestionó por qué el Gobierno “los contrata pa’ atrás con otro nombre” si el problema del AutoExpreso era Gila.

En un inicio, Rosana Aguilar alegó a Primera Hora que “del conocimiento que tenemos, ninguna relación tiene” Gila con PAM.

Tras cuestionársele que ambas compañías comparten la misma filial matriz, el asesor legal de la ACT, Pedro de Jesús, afirmó que “a esos efectos te tengo que dejar saber que, aunque haya una empresa matriz que ellos tengan, las compañías son totalmente diferentes. La Junta de Directores, CEO (y) el trabajo que lleva a cabo la compañía es totalmente diferente y es un ente totalmente diferente a lo que es Gila”.

El funcionario también expresó que los directivos en la Isla fueron cambiados en esta transferencia temporal. 

Por otro lado, esta reasignación de contrato se dio sin que Gila radicara la demanda que prometió el que fuera su directivo, Luis Alberto Sánchez, una vez se anunció que cancelarían sus servicios. Por el contrario, la empresa remitió una carta firmada por su presidente, Elye Sackmary, en la que elogia a la compañía que les sustituyó.

El documento, publicado por la Oficina del Contralor, establece en su primer párrafo que “PAM tiene una extensa experiencia asistiendo a las autoridades de transporte en el cobro electrónico de peaje, tiene relación comercial con 42 diferentes agencias de peaje y está familiarizado con reglas de negocio y políticas de servicio al cliente. PAM está comprometido con cumplir con sus obligaciones y realizar cabalmente la asistencia de servicio”.

Lo que dice el contrato

El acuerdo establecido en esta transferencia de compañías, según alegó Aguilar, establece que PAM cobrará 4.5% menos de lo que Gila devengaba.

La funcionaria no supo indicar de manera inmediata cuánto eso representaba en dinero, pues alegó que PAM todavía no ha emitido su primera factura por su labor en mayo. Gila, entretanto, cobraba unos 5 centavos en las primeras 14.9 millones de transacciones electrónicas que se registraban. Las subsiguientes disminuían de valor, según el acuerdo que se supone hubiese vencido este próximo 1 de julio.

A su vez, Aguilar alegó que fue un error de la Oficina del Contralor el que estableciera en su registro de contratos que el acuerdo con PAM, que se inscribió ante el Departamento de Estado dos días antes de obtener el contrato con la ACT, duraría hasta el 15 de septiembre de 2020.

La directora de la ACT explicó que el acuerdo con PAM es solo hasta octubre de este año, periodo para el cual ya se supone que haya culminado el proceso de subasta para elegir al operador que se llevaría el contrato a largo plazo para la operación del AutoExpreso.

De hecho, indicó que ya se han cualificado a seis empresas para que participen de la competencia del contrato. No pudo ofrecer los nombres, porque supuestamente daría paso a una competencia desleal y no sería ético de su parte, según alegó el asesor legal.

“Estamos en el proceso de solicitarle las propuestas para tener ese nuevo operador, como estimamos para el mes de octubre”, sostuvo De Jesús. 

Tras esta explicación, el legislador popular mostró malestar con el hecho de que supuestamente no se cumplió lo que había expuesto el Gobierno en torno a que en 90 días se iban a solucionar los problemas con la operación del AutoExpreso con la selección de una nueva empresa.

“No resolvieron en 90 días... Lo que hicieron no fue una cancelación, fue transferencia a la misma matriz de Gila. Y ahora tenemos que esperar como hasta octubre, noviembre, diciembre para que me resuelva”, manifestó Cruz Burgos.

Aguilar, por su parte, insistió en que el contrato de Gila sí fue cancelado el 17 de septiembre, como se ordenó. Lo que expuso fue que esa cancelación incluía una cláusula de transición de 90 días laborales, que concluyeron el 29 de abril a las 12:00 a.m. Dijo que al todavía estar en el proceso de selección de la empresa que se quedaría con el contrato a largo plazo, decidieron escoger a PAM de manera temporal.

Reveló que también analizaron contratar a la empresa WSP USA, Inc. para que asumiera los seis meses de contrato. No obstante, “no llegamos a un acuerdo porque nos resultaba oneroso. Recibimos propuesta de PAM y nos resultaba más económico”. 

Sin embargo, WSP USA, Inc. obtuvo un contrato para ofrecer apoyo técnico en el proceso de selección de la empresa que se quedaría a finales de año con el contrato a largo plazo para operar el AutoExpreso, reveló Aguilar.

Este contrato fue inicialmente de $1.2 millones, pero fue enmendado en enero pasado para aumentarlo a $4.6 millones.

 “Va a haber un sobrante significativo de esa cuantía del contrato”, alegó Aguilar, quien no supo indicar si este contrato sería renovado, pues vence a finales de mes.

¿Y las multas?

Cuando el gobernador ordenó la cancelación del contrato de Gila, también condonó -mediante orden ejecutiva- todas las multas que no habían sido pagadas por los conductores al 17 de septiembre pasado y detuvo que se emitieran nuevas sanciones.

Primera Hora preguntó a los funcionarios de la ACT si ahora los conductores serían sorprendidos con las infracciones de $15 por pasar un peaje sin dinero disponible en su cuenta, pero alegaron que no.

“La notificación de multa no se está realizando. Eso continúa vigente. Como hemos dicho, una vez realizamos mejoras al sistema y tengamos un sistema eficiente, restituiremos las multas”, informó la directora de ACT.

Indicó que las notificaciones que actualmente se envían a los conductores es para que emitan solo el pago del costo de peaje para el cual no tenían balance. 

“La responsabilidad de los usuarios es pagar y eso sí lo están haciendo”, concluyó.