En lo que describió como un acto de protesta contra el gobierno federal, la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, firmó hoy una ordenanza que impide la utilización de fondos municipales para intervenir en actividades relacionadas con la “industria” de las peleas de gallos, que estarán prohibidas a partir de diciembre próximo.

“Lo que para nosotros es inaceptable es que desde otro Congreso se le diga al pueblo de Puerto Rico lo que tiene que hacer con esta industria y este deporte puertorriqueño. Así que a partir de la firma de esta ordenanza no habrá recurso municipal que intervenga en ninguna pelea de gallos. Si los federales quieren intervenir que intervengan ellos, pero no se van a prestar recursos municipales para eso. Hay leyes que por convicción uno decide no seguirlas precisamente para demostrar la injusticia de esa ley”, recalcó Cruz Soto esta tarde en conferencia de prensa.

“La industria de gallos es precisamente eso, una industria. Una aportación cultural y económica al pueblo de Puerto Rico. Es una industria que ya está regulada”, añadió la alcaldesa, quien situó en $80 millones el impacto anual a la economía de la isla de las actividades relacionadas a los gallos de pelea.

Cruz Soto indicó que, bajo el estado de derecho todavía vigente, las autoridades municipales intervienen ocasionalmente con criadores de gallos, pero “no son muchas” y que cuando ocurren es mayormente por motivos “salubristas”.

“Cuando abiertamente dices que se van a utilizar los recursos para los que se están tirando tiros en la calle versus una industria y un deporte que por una decisión arbitraria se convierte en un crimen en Puerto Rico eso tiene un efecto de no detener la economía que va adscrita a ese ejercicio. Por lo tanto de San Juan la gente no va a tener que estarse escondiendo si tiene un criadero de gallos. Los gallos van a estar tranquilos”, dijo Cruz Soto, aclarando que el municipio continuará interviniendo en casos que entienda que la salud pública está en riesgo.

El presidente de la legislatura municipal, Marcos Rigau, destacó que la ordenanza se aprobó unánimemente en ese cuerpo, contando con el respaldo de los asambleístas del Partido Nuevo Progresista y el Partido Independentista Puertorriqueño.

Rigau agregó que espera que tanto otros municipios como el gobierno central sigan el ejemplo de San Juan.

“Cada quién hace lo que puede. Nosotros hicimos esta ordenanza para hacer legal la desobediencia civil en el municipio en cuanto a esto. Otros tienen poder para hacer más (como) la Asamblea Legislativa y la Fortaleza. Que no digan solamente ‘estoy contigo’, que no (sea) de la boca para afuera”, sostuvo Rigau durante la rueda de prensa, en la que estuvieron presentes varias personas directamente ligadas a las peleas de gallos.

Además de la firma de la ordenanza el municipio desplegó en la fachada de la casa alcaldía una enorme bandera de Puerto Rico flanqueada por dos cartelones con la imagen de sendos gallos de pelea y el tradicional slogan de “¡Pícalo gallo!”.

En diciembre pasado el presidente Donald Trump firmó una ley agrícola federal que, entre sus disposiciones, extendió a los territorios de Estados Unidos la prohibición de las peleas de gallo, mandato que ya aplicaba en los 50 estados.

Mañana martes, bajo el lema “Yo también aporto”, defensores de las peleas de gallos marcharán desde el parque Luis Muñoz Rivera hasta el Capitolio para manifestar su inconformidad con el nuevo estatuto federal.