El Municipio de San Juan le solicitó al Tribunal Federal mediante la radicación de un recurso de interdicto y sentencia declaratoria la exclusión del ayuntamiento de la lista de los que se encuentran bajo el control de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) porque atentan contra la posibilidad de que se puedan proveer servicios esenciales a la ciudadanía, anunció hoy, miércoles, la alcaldesa Carmen Yulín Cruz Soto.

La acción surgió luego de que el 9 de mayo la JSF creada bajo la Ley Promesa decretó que los 78 municipios de Puerto Rico serían entidades cubiertas por el estatuto federal lo cual considera que es una acción “indiscriminada” que no tiene base razonable y que comenzarían con un plan piloto de 10 municipios para que comiencen a operar regidos por planes fiscales.

“Ahora la junta pretende so color de decir que vienen a ayudar controlar la capacidad de los municipios de darle servicio a la gente. A la Junta no le importa destruir a Puerto Rico y con eso reducir o eliminar la capacidad de los municipios de dar servicios… La junta viene a cobrar para pagarle a los bonistas que invirtieron a Puerto Rico mucho más que lo que invirtieron en Puerto Rico la única promesa que se ha cumplido es pagarles a los bonistas”, aseveró Cruz Soto en conferencia de prensa.

La ejecutiva municipal manifestó que espera que el gobernador Ricardo Rosselló Nevares se una a su demanda.

“El Gobernador le ha dado el beneficio de la duda a la junta está un pasito pa’ lante y otro pa’ atrás, uno no puede esperar a desangrarse para entonces dar la pelea… la pregunta es cuándo es que el Gobernador va a dejar de quejarse…únase a esta demanda”, indicó Cruz Soto.

“No hay espacio para colaborar con los enemigos de San Juan ni con los enemigos de Puerto Rico no vamos a consentir a que la Junta de control fiscal secuestre los ingresos de unos municipios cuyos ingresos son propios”, sostuvo Cruz Soto, quien aspirar a ser candidata a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD) al peguntarle cuál sería la posición de su administración mientras se dilucida la demanda.

Los abogados del municipio, Charlie Hernández, Raúl S. Mariani y el bufete Winston & Strawn LLP., solicitan una sentencia declaratoria que establezca que la Ley Promesa es inconstitucional cuando se trata de designar a una entidad cubierta bajo ese estatuto sin que exista una causa atada al propósito de esa ley.

A su vez, cuestionaron la validez de sus decisiones, plantearon que los miembros de la JSF ocupan sus cargos sin que sus nombramientos sean cónsonos con la Constitución de Estados Unidos.

“La determinación de intervenir sobre las finanzas del Municipio de San Juan carece de base racional,

ya que la aportación del gobierno central a las finanzas municipales es de $80,500. Ante esto, las determinaciones fiscales del Municipio de San Juan carecen de impacto sustantivo sobre las finanzas del Gobierno Central por lo que la intervención de la junta es arbitraria y caprichosa”, sostuvo el licenciado Hernández.

Se explicó que al adoptarse la Ley Promesa el Congreso incurrió en una delegación excesiva de su poder constitucional sin proveer parámetros racionales.