La Legislatura Municipal de San Juan busca despenalizar la posesión cannabis para uso personal actualizando la reglamentación relacionada a la intervención policíaca en este tipo de casos.

Así se informó hoy mediante conferencia de prensa en la que el presidente de la legislatura municipal, Marco Antonio Rigau, detalló los pormenores de un proyecto de ordenanza radicado ayer a fin de establecer que la policía de la capital refiera a la policía estatal todo caso en el que una persona posea, para consumo propio, una onza o menos de cannabis, cualquiera de sus derivados o parafernalia.

“Nuestro propósito es que los policías municipales de San Juan puedan dedicarse a atender otros asuntos de mayor envergadura respecto a la seguridad… que puedan concentrarse en atender problemas de homicidios, robos, escalamientos, violencia de género”, expresó el funcionario al asegurar que el proyecto de ordenanza número 14 cuenta con el aval de los legisladores de todos los partidos políticos.

Aunque no supo precisar cuántos casos de posesión de marihuana para consumo se procesan al mes o al año, indicó que “los que sean son demasiados”.

“Tenemos que emular lo que está ocurriendo en otras jurisdicciones. Ahí tenemos el caso de California y Nueva York, donde se han cambiado el enfoque de uno represivo a uno encaminado a la descriminalización a través de la rehabilitación y ha sido un éxito”, indicó al agregar que las vistas y posible aprobación del proyecto podrían concluir la semana que viene.

Aseveró que el municipio tomará las medidas de política pública necesarias, dentro de los poderes conferidos, para distanciarse de “políticas obsoletas” como las que todavía existen con relación al uso de las sustancias controladas.

En su argumento, los legisladores municipales mencionaron como dato que entre los años 2001 y 2010 hubo 7 millones de detenidos por posesión de cannabis en los Estados Unidos, el equivalente anual a una redada cada 37 segundos.

En septiembre del 2018, la Fiscalía del distrito de Manhattan, Nueva York, adoptó un cambio en política pública sobre el cannabis, y ya no proseguirá casos de posesión o consumo de la sustancia. Solo tiene dos excepciones con la intervención: las causas contra vendedores y contra aquellos que hayan probado ser una amenaza para la seguridad y la salud pública.

Tras esta movida, los arrestos por posesión o consumo de cannabis descendieron en un 96% en octubre de este año en comparación con el pasado año, solo 21 casos versus los 540 del mismo mes en 2017. Las lecturas de cargos también descendieron en un 94% en octubre, con 28 casos versus los 465 de octubre de 2017.