La Asamblea Municipal de San Juan presentó hoy un proyecto de ordenanza que, de ser aprobado, reglamentaría los alquileres a corto plazo ante la proliferación de este tipo de transacciones mediante plataformas digitales.

La medida presentada estipula la creación de tres tipos de licencias de alquiler a corto plazo: las “unidades de residencia compartida”, en referencia a aquellos lugares en que el titular reside y opta por alquilar una parte del espacio; las “unidades de residencia no compartida”, manejadas por algún “administrador o intermediario” y en la que el dueño no se encuentra presente; y las “unidades muebles”, que incluyen “casas rodantes, flotantes, botes (y) casetas de lujo, entre otras”.

Un alquiler a corto plazo se define como aquellos contratos de arrendamiento por un término menor de 90 días.

La propuesta ordenanza, que entraría en vigor dentro de los seis meses posterior a su aprobación, limita a un máximo de seis huéspedes los alquileres de residencias compartidas y a ocho en el caso de las no compartidas. También se dispone que los alquileres, de cualquier tipo de espacio, deberán hacerse por un mínimo de dos noches.

Las licencias de alquiler a corto plazo, que serían renovadas anualmente, tendrían un costo de $250 para aquellos propietarios que opten por arrendar su residencia principal o una unidad mueble, mientras que el costo sería de $500 para los arrendadores de una segunda residencia. La legislación municipal dispone que ninguna persona podrá alquilar más de dos propiedades, y que una de ellas deberá ser su residencia principal. Además, los arrendadores deberán remitir al municipio el 3% de los ingresos brutos generados por concepto de los alquileres.

“Lo que tenemos que tenemos que reglamentar es que una persona no sea dueña de mil unidades. Porque entonces lo que estamos (haciendo) es permitiendo hoteles disfrazados en Airbnb. El proyecto propone que una persona que tenga una o dos unidades las pueda alquilar. Todo eso es parte del proceso de análisis”, indicó el presidente de la legislatura municipal, Marco Rigau, quien aclaró que el cuerpo se encuentra abierto a escuchar diversas posturas antes de pasar juicio sobre la medida.

Para incorporar la modalidad de alquileres realizados digitalmente, el proyecto dispone que el municipio suscribirá memorandos de entendimiento con aquellas plataformas que ofrezcan el servicio en San Juan para que estas informen y remitan los recaudos correspondientes, además de llevar registros de los espacios ocupados.

El reglamento igualmente estipula multas por incumplimiento de parte de los anfitriones, que pudieran ascender a $5,000 diarios por cada violación, así como a la revocación permanente de la licencia de arrendamientos en caso de reincidencia.

De acuerdo con la medida, la Oficina de Permisos municipal estaría a cargo de monitorear los anuncios de alquileres a corto plazo para garantizar que no se arrenden propiedades sin licencias. El alquiler sin autorización conllevaría multas de $1,000 diarios en primera instancia, cifra que ascendería a $2,500 en una segunda ocasión, que además impediría que el infractor solicitara la licencia por un año. Una tercera falta significaría una penalidad de $5,000 y la prohibición de obtener una licencia por tres años.

Rigau aseguró que, en la elaboración del proyecto, se estudiaron las reglamentaciones existentes en más de 100 ciudades. Asimismo, descartó que la ordenanza propuesta interfiera con la jurisdicción del gobierno central para regular las hospederías pues San Juan tiene “el poder de organizar la vida en sociedad como municipio”.

Una vez la ordenanza sea aprobada, aquellos arrendadores de corto plazo que quieran continuar operando tendrán que notificarlo dentro de un mes, así como someter toda la información necesaria.

En veremos horario de cierre

Por otro lado, Rigau no pudo precisar el estatus de un propuesto referéndum entre los residentes de San Juan para que decidieran sobre la implementación de un horario de cierre de negocios en zonas no turísticas. La alcaldesa Carmen Yulín Cruz Soto mencionó en diciembre que aspiraba a realizar la consulta en junio de este año.

“Yo lo he conversado con (la alcaldesa). Personalmente tengo mi criterio sobre eso y no quiero dar indicios en este momento. No sé en este momento dónde está su posición. Lo hablaré próximamente (con Cruz Soto)”, dijo Rigau.

En diciembre, la alcaldesa dijo que radicaría la medida a la Asamblea Municipal en enero.

En aquel momento, Cruz Soto detalló que el referéndum contendría dos preguntas: si se debía imponer o no un horario de cierre y si este debía ser a las 2:00 o 3:00 de la madrugada.