“Cuando se contextualizó lo que era del DSP… lo que se hizo fue agrupar a aquellos agentes… que son de primera respuesta (como policías y bomberos)”, sostuvo.

En el caso de los empleados del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), aunque “tienen facultad de arresto e investigación, igual que un Policía” no son considerados “de primera respuesta”.

Rolón mencionó que no estar bajo el DSP “ni quita ni abona a la facultad que tienen ellos como oficiales correccionales”.

Rolón hizo las declaraciones a este diario luego que un grupo de oficiales y supervisores realizarán esta mañana una manifestación frente al Capitolio, exigiendo, entre otros reclamos, que le devuelvan los 30 días de vacaciones que tenían antes de que se aprobara la Ley 26 de 2017 -se los bajaron a 15- y ser eximidos de las contribuciones del pago de horas extras.

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Una de las denuncias es que aun siendo parte esencial de la seguridad y protección del país no fueron cobijados bajo el DSP.

Recientemente, la Junta de Supervisión Fiscal propuso un aumento de $500, a policías, maestros y bomberos, para atraer y retener talento.

También el gobernador Ricardo Rosselló anunció una propuesta para esos profesionales, incluyendo vales de hasta $50,000, para solucionar problemas de viviendas.

Aunque los guardias correccionales pertenecen a la Alianza Correccional Unida (ACU) se expresaron hoy de manera independiente.

El secretario de Corrección advirtió que los beneficios que tienen los policías no son los mismos de los bomberos, e incluso mencionó, que, en el caso de los oficiales de Corrección, que suman 3,326, ellos están unionados.

Aceptó que la labor de los guardias de corrección “es mucho más complicada porque no se limita únicamente a la seguridad…”.

El funcionario sí coincidió con los manifestantes en el reclamo de que quieren más días de vacaciones y no pagar contribuciones por horas extras.

Precisamente, las ponencias del DCR cuando se han discutido los proyectos 928 (30 días vacaciones) y el 929 (eximir del pago de contribuciones) de los senadores Evelyn Vázquez y Abel Nazario, han sido a favor, recordó al asegurar que esas medidas se están atendiendo y que “es cuestión de días” para que el asunto de las vacaciones se resuelva.

En el caso de la medida para eximir de contribuciones el pago de horas extras dijo que está “bajo evaluación fiscal a los fines de determinar el impacto en los recaudos…” y que están en conversaciones con la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF). 

El secretario aseguró que se mantiene en comunicación con la ACU, que está consciente que el DCR apoya esos reclamos.

Ejemplificó que los empleados que tienen balance, incluyendo tiempo compensatorio, pueden agotar 30 días de vacaciones.

Sobre la escasez de personal denunciado por los manifestantes, estimado en unos 400, el secretario dijo que están pidiendo dinero en el próximo presupuesto para hacer una academia y reclutar, pero advirtió que aunque es cierto que se han ido guardias correccionales, también se han cerrado cárceles y la población penal ha bajado.

De otro lado, y en cuanto a la realidad de que supervisores -en el 2013- pasaron a ser administradores generenciales, dejando de acumular tiempo extra, Rolón dijo que evalúan el asunto.

El sargento Leonardo Torres, de Ponce 500, dijo esta mañana que en septiembre pasado hubo una reunión con Rolón y que este prometió que comenzarían a acumular el tiempo extra -compensatorio o con paga- a partir de enero de 2017.

Agregaron que la directora de Recursos Humanos de Corrección, Ana I. Escobar, les dijo que para este febrero se “iban a reflejar (en Kronos) las horas extras de cada supervisor”.

Rolón reconoció que sí se habló de la fecha de enero de 2017, pero que nunca se ha dicho cuándo entraría en vigencia un posible acuerdo para el pago.

Aunque favorece que un sargento cobre sus horas extras, explicó que eso “no se ha materializado” porque “requiere un análisis de impacto fiscal… para determinar si contamos o no con los fondos…”.

Muchos supervisores ya llevaron reclamaciones ante la Comisión Apelativa de Servicio Público (CASP).

“Hay todavía unos trámites administrativos… y sería irresponsable decir que mañana estaría pagando las horas extras, cuando ni siquiera se han llegado a los acuerdos transaccionales que responden en los casos de revisión”, insistió.

Mencionó que como parte de la propuesta del DCR, los que reclamaron pagos ante la CASP, cobrarían retroactivo a partir de enero de 2017, pero los que no, empezarían el día en que se firme o apruebe el acuerdo.