El Senado de Puerto Rico recibió este lunes el informe final de la resolución que ordenó la investigación de las condiciones de los presos en la cárcel Las Cucharas en Ponce, en el sur de la isla, que, será ahora referido al Departamento de Corrección.

 El mismo es resultado de más de un año de investigación, y tras la muerte de varios reos.

 "Hoy por hoy cada uno de nuestros casi 9,000 confinados le cuesta a cada uno de los contribuyentes puertorriqueños, más de 40,000 dólares anuales y lo menos que debemos hacer nosotros es garantizarles a esos contribuyentes que cuando estos hermanos confinados salgan a la libre comunidad realmente estén rehabilitados y se puedan reinsertar al mundo laboral y no representen una amenaza para sus comunidades ni para sus familiares", dijo el senador Carlos Rodríguez, autor de la medida.

 "Exhorto a esta Asamblea Legislativa a hacer lo que corresponde que es fiscalizar y poner el dedo en la llaga para garantizar que podamos tener realmente un sistema correccional que rehabilite y en el que veamos al confinado como un ente biopsicosocial donde no estemos aislando los problemas o los estemos fragmentando para minimizarlos", añadió.

 En un memorial explicativo la American Civil Liberties Union (ACLU) expuso que desde el 2007 han recibido más de un centenar de cartas y querellas generadas en el sistema correccional de Puerto Rico en las que se alegan violaciones de derechos civiles y humanos.

 Según la ACLU una investigación que realizó arrojó que la mayoría de las quejas eran por falta de acceso a la salud, comida dañada o expirada, abuso y agresión por parte de oficiales correccionales particularmente durante los registros de las viviendas o celdas, agresiones de otros confinados frente a oficiales correccionales y discriminación a los miembros de la comunidad LGBTT y a las minorías religiosas, entre otros.

 En el caso de las mujeres, informó que se les niega acceso a productos de aseo femenino.

 Denuncias similares también fueron expuestas por la Comisión de Derechos Civiles la cual también expresó que Corrección ha tomado pasos afirmativos en beneficio de la comunidad penal.

 A pesar de que la agencia, en una vista pública celebrada el 31 de agosto de 2018, informó que en dicha instalación correccional se han implementado programas e iniciativas enfocadas en la salud física y mental, así como en mejorar los servicios médicos, de biblioteca, alimentación entre otros y que los mismos son evaluados constantemente, la Comisión recomendó que el Departamento busque en su presupuesto fondos dirigidos al desarrollo de mejores programas de rehabilitación.

 Asimismo, se informó que la agencia debe extender programas que "han sido de éxito" en otras instituciones a las Cucharas y que se hagan evaluaciones periódicas de los programas de rehabilitación por parte de la población correccional, familiares y hasta los funcionarios que allí trabajan.

 De igual forma, evaluar la posibilidad del desarrollo de programas a través de acuerdos colaborativos con entidades que forman parte del tercer sector o privado y con el Departamento de Educación para "aumentar" su programa académico.

 También, recomienda el presidente de la Comisión de Seguridad Pública que se señalen las faltas administrativas a funcionarios que en más de una ocasión han faltado en coordinar el transporte a citas de seguimiento o facilitar el tratamiento médico.

 La pieza legislativa fue radicada el 25 de mayo de 2017.

 La cárcel Las Cucharas es la quinta institución carcelaria de mayor población correccional a nivel de toda la isla.

 Según una ponencia de Corrección, a la fecha del 31 de agosto pasado, la matrícula era de 448 confinados; 338 sumariados y 110 sentenciados.