El gobierno no posee un inventario de las estructuras públicas que estaban en desuso previo al año 2017, informó la presidenta del Subcomité Interagencial de Traspaso de Planteles Escolares, licenciada María Palau.

“Ese inventario de cuatrienios anteriores no existe”, sentenció la funcionaria en una conferencia de prensa realizada en La Fortaleza.

Indicó que, por tal razón, la gobernadora Wanda Vázquez ordenó iniciar la evaluación del estado de las escuelas cerradas y de todo edificio gubernamental que no tenga inquilino ni uso. No expuso si estas estructuras entrarían en un proceso de venta y alquiler similar al que está ocurriendo con cientos de escuelas cerradas en este cuatrienio.

Palau alegó que “no estamos aquí para echar culpa de por qué no se hizo un inventario de propiedades en desuso antes de este cuatrienio”.

Sin embargo, en la conferencia de prensa quedó claro que es el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), quien posee la titularidad de estas propiedades que están en abandono.

Pero, el secretario del DTOP, Carlos Contreras, alegó que previo a este cuatrienio “no había un programa centralizado” para conocer el estado de la propiedad pública declarada en desuso, aun cuando le correspondiera la titularidad. También aludió a que no se le informaba a la agencia o “había transferencias que se hacían mediante resolución (legislativa) y no llegaba” la información.

Ahora, para resolver el problema, el grupo a cargo de los planteles escolares cerrados tendrá que evaluar y hacer un listado de los edificios públicos que no tienen ninguna finalidad. Palau indicó que no solo recabarán la ayuda de las agencias, sino de los municipios para identificarlos.

Esta información salió a relucir durante la primera reunión que sostiene la gobernadora con el Comité de disposición de bienes inmuebles y el subcomité evaluador de traspaso de planteles escolares en desuso en La Fortaleza.

Tras el conclave, Palau precisó que en los años 2017 y 2018 se declararon 365 planteles escolares en desuso, 275 han sido reclamados por organizaciones sin fines de lucro y empresas.

La funcionaria comentó que, de este grupo, 164 estructuras han sido solicitadas para arrendamientos de un año por el precio de $1 por entidades sin fines de lucro.

Palau destacó que unos 48 contratos todavía no han sido firmados. Los restantes ya están en operaciones. Allí se han ubicado bancos de alimentos, refugio de animales, Boys and Girls Club, centros para deambulantes, así como entidades que dan servicios a discapacitados o drogadictos, entre otros.

Por otro lado, 111 de los 365 planteles declarados en desuso han sido reclamado para compraventa, al precio de tasación en el mercado.

Palua informó que las personas interesadas en comprar escuelas cerradas desean ubicar hoteles, centros de envejecientes y otros centros educativos en ellas.  

Hasta el momento, se han vendido nueve escuelas. Estas transacciones le han generado al gobierno $6.6 millones, indicó la presidenta del subcomité.

Además de las 365 escuelas en desuso, unas 73 escuelas cerradas durante este cuatrienio se mantienen en funciones bajo la titularidad del Departamento de Educación.

Un ayudante del secretario de Educación, Alejandro Almedo, informó que estas estructuras se mantuvieron para “uso administrativo” de la agencia.