“(El asunto) llegó al foro pertinente, donde se va a tomar la determinación y donde se va adjudicar, y de ser encontrado que esa deuda u otra es ilegal, tomaremos la acción pertinente, y obviamente no se paga”, afirmó el gobernador.

La afirmación del gobernador surge como respuesta al recurso presentado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y el Comité Oficial de Acreedores No Asegurados que objeta la legalidad de más de $6,000 millones de deuda en bonos de Puerto Rico emitida en 2012 y 2014.

La JSF y el Comité de acreedores han pedido a la jueza federal Laura Taylor Swain, que dirige los procesos de quiebra de Puerto Rico bajo las disposiciones de la ley federal PROMESA, que declare nula y sin efecto esa deuda inválida.

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Al abordar el asunto, el gobernador aseguró que “el tiempo nos dio la razón”, por haberse negado hace meses a acoger el reclamo de que se hiciera una auditoría sobre la deuda. Agregó que entonces su posición era que “estos asuntos de legalidad o ilegalidad se iban a dilucidar en el foro pertinente, que era la corte, y hoy vemos este primer paso que está dando”.

“Se va a llevar ante la corte, se van a evaluar los elementos de juicio, y mi posición es clara y firme: si se encuentran los elementos de ilegalidad, pues entonces obviamente no se va a pagar y se va a proceder como compete”, afirmó el gobernador.

Sobre un posible castigo contra los responsables de esa deuda, si en efecto se determina que fue ilegal, Rosselló indicó que el asunto “está en el foro pertinente” y “a la medida que se adjudique esa responsabilidad se va a proceder correspondientemente”.

Sin embargo, el gobernador Rosselló no mostró la misma posición con respecto a la deuda de Cofina (Corporación del Fondo de Interés Apremiante), el mecanismo que creó el gobierno para poder emitir deuda que pagaría a través del mecanismo del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU), sobre la cual se ha preparado un acuerdo de restructuración que respalda el gobierno, y que solo espera por la aprobación de la jueza Swain, quien se espera falle sobre el mismo mañana.

“Yo reitero mi respaldo al acuerdo de Cofina. Es un ahorro de 17.5 billones (17,500 millones) para el pueblo de Puerto Rico… Entendemos que eso es un acuerdo beneficioso para el pueblo de Puerto Rico”, dijo Rosselló, alegando que por primera vez la deuda de Puerto Rico estaba disminuyendo.

El acuerdo, sin embargo, compromete a Puerto Rico a tener que pagar por los próximos 40 años, con cifras cuantiosas en intereses.

A preguntas de Primera Hora de por qué el gobierno no esperaba a que se emitiera un eventual juicio sobre la posible ilegalidad de Cofina antes de avalar un acuerdo de restructuración de su deuda, Rosselló respondió que la misma no había sido cuestionada “con una queja sustanciada ante el foro pertinente”.

Tal afirmación, no obstante, es incorrecta pues la legalidad de Cofina ha sido cuestionada un sinnúmero de ocasiones por una diversidad de entes.

De hecho, tanto la Junta de Supervisión Fiscal, en calidad de representante del gobierno de Puerto Rico, como el Comité de Acreedores No Asegurados han cuestionado y pedido que se declare ilegal a Cofina, y han sometido recursos ante la corte al respecto. En uno de esos recursos, sometido en febrero de 2018, se indica que “la estructura de Cofina no es otra cosa que una evasión de los Límites de Deuda Constitucional de Puerto Rico y las Prioridades de Deuda Constitucional” y agrega que “cuando una transacción viola la Constitución de Puerto Rico, es ‘nula e inválida’”, citando precedentes judiciales al respecto.

También el grupo de bonistas de Obligaciones Generales ha cuestionado la legalidad de Cofina, y ha sometido recursos al respecto ante la corte. Asimismo, existe por lo menos otro recurso legal ante los tribunales cuestionando la legalidad de Cofina sometido por un grupo de uniones y organizaciones ciudadanas.