El dinero que saldría de las “limitaciones” que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) propone al presupuesto de gastos del gobierno para el nuevo año fiscal 2019-2020 sería utilizado para cubrir el servicio de la deuda y pagar “a los bonistas y a los fondos buitre”.

Así lo consignó ayer el principal asesor legal de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), Mohammad Yassin a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes que comenzó a evaluar el presupuesto del gobierno con cargo al fondo general que sometió a la Asamblea Legislativa el gobernador Ricardo Rosselló para el nuevo año fiscal.

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Este asciende a $9,624 millones, unos $573 millones más que el presupuesto que presentó la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

El presidente de la Comisión, Antonio “Tony” Soto dijo que mientras el estimado de ingresos de la Junta es de $10,400 millones o más, “comprime” la utilización presupuestaria a $9,051 millones. “¿Qué pasara con la diferencia?”, preguntó el legislador al equipo fiscal del Gobernador.

“Es una pregunta que hay que dirigirla a la Junta, pero la impresión es que si usted tiene un ingreso de $100 y usted solo va a estar gastando $80, eso quiere decir que usted tiene un uso ya predestinado para esos $20 que no está usando y presumiblemente asumimos que los van a estar usando para pagar eventualmente a los bonistas y a los fondos buitre”, indicó Yassin, quien declaró junto a funcionarios del Departamento de Hacienda y de la Oficina de Gerencia y Presupuesto.

Soto también preguntó al equipo fiscal del gobierno sobre una diferencia de $224 millones en las partidas de nómina entre ambos presupuestos, el del Gobernador y de la Junta.

“Los números presentados por la Junta requieren de reformas más agresivas a las que estamos tomando y no estamos de acuerdo con ellos porque pudieran representar riesgos a programas de asistencia para la ciudanía”, sostuvo el subsecretario de Hacienda, Francisco Peña.

A preguntas de periodistas, Soto no fue claro en si habría despidos de empleados públicos con el presupuesto sometido por la JSF. “Ellos (la Junta) alegan que no (habría despidos) y que el presupuesto cumple con el plan fiscal”, dijo para agregar que “al final del camino la chequera la tiene el Departamento de Hacienda y no la Junta”.

Igual que el pasado año, el representante novoprogresista dijo que dará la batalla por las instituciones sin fines de lucro, como las escuelas Montessori, el Programa de Alianza para la Educación Alternativa y el Colegio San Gabriel que enfrentan reducciones significativas.

Sostuvo que gran parte de la controversia entre el presupuesto del Gobernador y el de la Junta “está cifrada” en una asignación de $308 millones al Departamento de Educación.

Por su parte, el representante independentista, Denis Márquez Lebrón calificó las vistas públicas como un ejercicio fútil. “Este es la segunda temporada de la serie del presupuesto. El año pasado se impuso el de la Junta. Ya el 29 de mayo la Junta envió el que va a ser el presupuesto que ellos dicen, que hay una diferencia de millones y que todo indica que es para guardarlo para pagarle a los bonistas”, sostuvo Márquez Lebrón.

El representante popular, Jesús Santa, favoreció a su vez, que el sobrante en estimado de fondos, se destine al servicio de la deuda. “Si es así, creo que sería una medida responsable”, sostuvo.

Al abrir los trabajos de la comisión, el representante Soto advirtió que tanto el presupuesto del Ejecutivo como el de la JSF “dan la apariencia” de tener un aumento en comparación con el presupuesto vigente, pero dijo que “no es así”.

 “El presupuesto del Ejecutivo que tenemos ante nuestra consideración da la apariencia de que es $866 millones más que el del año fiscal corriente en cuanto a gastos operacionales. Si comparamos con el presupuesto de la Junta aún así da la apariencia de tener un aumento de $300 millones. Sabemos que no es así y hacemos énfasis de que no es así”, sostuvo Soto, quien preside la comisión de Hacienda.

Precisó que hay cerca de $900 millones de aportación al plan Vital de la reforma de salud del gobierno que no están impactando el año fiscal corriente, además de otras partidas que se afectan, como lo son las de reserva presupuestaria, aumentos a los maestros y policías entre otros.

“Por un lado la Junta estima unos ingresos y oprime la gestión gubernamental a que se limite el gasto a 9,051 millones, cuando el estimado de ingresos sobrepasará por mucho esa cantidad”, sostuvo para agregar que la ley Promesa establece que para confeccionar el presupuesto de Puerto Rico la JSF establecerá un estimado de ingresos del gobierno de Puerto Rico, no un estimado de ingresos para gastos.

La JSF estaba citada a la vista pública para horas de la tarde, pero Soto dijo que no compareció. El legislador no descartó reunirse en privado con miembros del ente federal.

Soto destacó que la comisión soló tiene cinco días para evaluar el presupuesto de gastos de funcionamiento de más de un centenar de agencias del gobierno central, así como el de la Asamblea Legislativa y la Rama Judicial. Este presupuesto está contenido en la Resolución Conjunta de la Cámara 505 que debe ser aprobada antes de que culmine la sesión ordinaria, el 30 de este mes. El 25 de junio es el último día para la aprobación de medidas.

Mientras, en el Senado, el presupuesto comenzará a ser evaluado el lunes entrante.