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Tres demandas contra Registro Demográfico por negarse a inscribir hijos de parejas gays

Por Nydia Bauzá / [email protected] 05/14/2019 |06:58 p.m.
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Las expresiones surgieron en la primera vista sobre el proyecto de libertad religiosa.

Un abogado de la comunidad LGBTT+ reveló hoy que ha tenido que llevar tres casos al tribunal para obligar al Registro Demográfico a inscribir niños de matrimonios entre parejas de mujeres.

“He tenido que llevar tres mandamus (recursos judiciales) al Tribunal de Primera Instancia para que el Registro Demográfico entienda que por jurisprudencia se reconoce el matrimonio igualitario y todos los derechos que están dentro del matrimonio entre personas del mismo sexo”, indicó Osvaldo Burgos.

Las expresiones del licenciado surgieron en la primera vista en la que se evalúa el proyecto de ley de La Fortaleza que proveería un acomodo razonable a empleados de las agencias públicas que se nieguen a ofrecer servicios a un ciudadano o ciudadana por considerar que son contrarios a sus creencias religiosas.

“El Registro Demográfico se niega a reconocer la filiación (relación de parentesco entre padres e hijos, biológica o jurídica)”, sostuvo Burgos.

Dijo que el primer caso lo radicó en 2017 y después “he tenido que radicar dos más”. Detalló que ha tenido que representar a tres mujeres casadas con mujeres que han tenido hijos dentro del matrimonio y sostuvo que el Código Civil establece que cuando una pareja tiene hijos en el matrimonio se presume que el hijo es del cónyuge, pero el Registro les dice que no lo van a inscribir como hijo del cónyuge y que tienen que adoptarlo.

“Imagínense. Eso es sin tener una ley (como la propuesta).  Es como decir, no te voy a inscribir ese hijo (como hijo de ambas mujeres) porque la religión me lo impide”, dijo el abogado del Comité Amplio para la Búsqueda de la Equidad (CABE), en la vista pública de la Comisión de Rehabilitación del Senado

La información que proveyó Burgos chocó con la que había brindado poco antes a la comisión legislativa, la asesora legal del Registro Demográfico, Alba Iris Calderón, quien dijo que la agencia lleva poco más de un año expidiendo certificados e inscribiendo bebés a parejas del mismo sexo.

“Hicimos todo el andamiaje para que hubiese el cambio de género en los certificados y todo eso se ha trabajado. Al principio, no le puedo negar que hubo que adiestrar un personal porque era un poco chocante para muchos, pero para otros simplemente la vida continúa”, sostuvo la funcionaria.

Dijo que la agencia orientó a los empleados y desde entonces, “todos los días se expiden certificados de esa naturaleza y se inscriben bebés de parejas del mismo sexo y no hemos tenido ninguna situación con ningún empleado ni hasta con los más conservadores”, agregó Calderón.

Sin embargo, en la vista pública, que se extendió por todo el día, quedaron sobre la mesa esta y otras interrogantes en torno al proyecto de ley de 1253 del acomodo razonable religioso, mientras los senadores Zoé Laboy y José Vargas Vidot calificaron de innecesaria la medida.

A pedido de la senadora Laboy, la asesora legal del Registro Demográfico certificó que al momento ningún empleado de esa dependencia ha solicitado algún tipo de acomodo razonable por su religión. Indicó que en el pasado un empleado pidió no trabajar sábados por razones religiosas, pero ya se retiró.

“De existir uno en el futuro, se van a tomar todas las medidas en ley para brindarle el acomodo razonable, como el servicio que hay que dar a la ciudadanía”, agregó Calderón.

Tanto el Departamento de Justicia como el Departamento de Salud favorecieron el proyecto de ley, pero los portavoces de las agencias no fueron responsivos a muchas de las preguntas de la senadora Laboy como, por ejemplo, qué pasaría si por el acomodo razonable no hubiera empleados disponibles para prestar el servicio que un tercero pide.

“Está claro (en la medida) que no se puede negar el servicio”, dijo el asesor legal de Justicia, Daniel Vélez, para agregar que también “hay sanciones disciplinarias”.

Vélez, director de la División de Litigios, tampoco ofreció una respuesta categórica cuando la senadora le preguntó cómo aplicaría la medida cuando sea un empleado ateo atendiendo a un creyente.

“Ese sería un análisis que tengo que consultar, pero el ateísmo no es una religión”, sostuvo el abogado. Vélez dijo que el proyecto busca recopilar “jurisprudencia federal y local que está regada”.

“Este proyecto financia el discrimen”, sostuvo la expresidenta del Colegio de Abogados, Ana Irma Rivera Lassén. “Cómo la persona va a pedir el acomodo, va a decir ‘yo no voy a atender personas gays’. A ese empleado se le paga con fondos públicos”, inquirió la abogada.

El arzobispo de San Juan y líder de la Iglesia Católica, Roberto González Nieves, fue anunciado, pero se excusó, así como líderes pentecostales, según informó la oficina de la senadora Laboy.

El gobernador Ricardo Rosselló radicó la medida el pasado 23 de abril convoyada con otra pieza legislativa que prohibiría las terapias de conversión, que se alega se utilizan para cambiar la orientación sexual de una persona. Ya el Gobernador había vetado un proyecto de la Cámara sobre la libertad de religiosa, mientras la medida que prohibiría las terapias de conversión había sido colgada en la Cámara.

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