La senadora independentista María de Lourdes Santiago arremetió hoy, miércoles, contra la Cámara de Representantes por las enmiendas que le introdujo al proyecto del Senado 680, que busca reglamentar por ley el acceso público a las estadísticas médicas sobre la práctica de cesáreas en Puerto Rico. 

Una de las enmiendas que le hizo la Cámara el pasado lunes al proyecto de ley permitiría que las estadísticas se recopilen, pero se mantengan en la confidencialidad.

La senadora Santiago citó datos del Departamento de Salud que revelan que en Puerto Rico se practican unas 10,758 cesáreas, no justificadas, cada año.

“Yo les aseguro a ustedes que si en lugar de úteros, en Puerto Rico se intervinieran quirúrgicamente, sin necesidad médica, 10,758 próstatas al año, otra sería la historia”, sentenció la legisladora en un turno inicial en la sesión del Senado. 

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“Pero las víctimas son mujeres y el proceso de parto se ha convertido en un problema médico. Un asunto fundamentalmente femenino, dominado por la perspectiva del hombre”, acotó Santiago, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).

“No sé cuántos de los legisladores han tenido la oportunidad de ver cómo es una cesárea. Se aplica anestesia epidural, se hace una incisión en el vientre de la mujer, se hace otra incisión en el útero y se extrae el bebé. Como toda cirugía mayor, envuelve riesgos, posibles complicaciones, provoca dolor y requiere un proceso, para algunas mujeres muy difícil, de recuperación”, describió la senadora en su alocución. 

En ese momento, sólo había un puñado de senadores en el hemiciclo. La escuchaban atentos y sin hacer expresiones, el presidente del Senado, Eduardo Bhatia; el portavoz de la mayoría popular, Aníbal José Torres, y el portavoz de la delegación novoprogresista, Larry Seilhamer.

Luego de sus expresiones, se aprobó una moción del portavoz de la mayoría popular que designa a la senadora Santiago como presidenta del Comité de Conferencias de ambos cuerpos legislativos, ya que se espera que tan pronto la medida enmendada llegue ante la consideración de los senadores, la Cámara Alta no concurrirá con las modificaciones que sufrió el proyecto de ley en el cuerpo hermano.

La medida, al ser enmendada, se quedaría pendiente en comité de conferencia en busca de un acuerdo en ambos cuerpos, de modo que pueda ser ratificada antes del martes próximo cuando expira la actual sesión ordinaria.

“La Asamblea Legislativa no puede y no debe regular la práctica de la medicina, pero sí puede proveer a las mujeres víctimas de esa forma de violencia médica recursos para protegerse. Una forma efectiva de frenar el abuso es darle publicidad al número de cesáreas que hace cada médico”, sostuvo la senadora.

La medida, de la autoría de la legisladora independentista, con la coautoría de otros senadores, se aprobó por unanimidad en el Senado en junio pasado, pero fue enmendada en la Cámara, el pasado 9 de noviembre.

La pieza legislativa dispone que en toda institución en la que se realicen partos y en toda oficina de ginecología obstetra que como parte de su práctica atienda partos esté disponible la tasa de partos vaginales, partos inducidos y cesáreas, junto con cualquier otro dato pertinente, como aquellos relacionados a embarazos de alto riesgo.

“Este 9 de noviembre (la medida) se votó en la Cámara, mutilado vergonzosamente con enmiendas que pervierten el propósito original de la medida”, arguyó la legisladora.

Santiago detalló que, como parte de las enmiendas, la Cámara Baja “eliminó toda responsabilidad de información de los médicos hacia sus pacientes, dispuso que el Registro Demográfico publique ciertos datos, muchos de los cuales ya están disponibles y creó una entidad que llaman Comisión Interagencial Interdisciplinaria que se dedicará a analizar estadísticas, recomendar políticas públicas, referir a la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica, pero manteniendo confidencialidad sobre las estadísticas e información analizada”.

“Es como un mal libreto de comedias. Pongamos el tema en contexto. Si un consumidor quiere información del desempeño de un contratista, puede ir a DACO (Departamento de Asuntos del Consumidor). Hay además una lista de comercios infractores por anuncios engañosos y hasta una guía para la venta del madrugador, indentificando las tiendas multadas. Pero, una mujer no puede exigir, en un País donde una y otra vez se señala el grave problema de cesáreas, el dato que la ayuda a evaluar la práctica del profesional de la medicina que le asistirá en el trascendental evento de traer vida a este mundo”, denunció la legisladora.

La medida pretende ser un disuasivo al requerirles a los médicos obstetras que divulguen datos sobre el número de partos que atienden, cuántos son por la vía natural y cuántos por cesárea.

“Mi petición es que llamados a concurrir con las emiendas de la Cámara al Proyecto del Senado 680, votemos en contra”, añadió la senadora pipiola.