El inicio de cobro de una tasa reducida al 7% del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) en alimentos preparados tuvo sus desaciertos, pues un sinnúmero de comercios no han podido obtener la certificación del Departamento de Hacienda debido contratiempos con el Sistema Integrado de Rentas Internas (SURI) y con el proceso de evidenciar que sus cuentas están al día.

Así quedó evidenciado en un recorrido informal de Primera Hora por una decena de establecimientos ubicados en la avenida Ponce de León -jurisdicción de Santurce- donde el 50% no tenían al día de ayer la certificación aun cuando sus propietarios alegan haber gestionado el documento.

Parés estimó en $90 millones la cantidad de dinero que dejaría de recibir el fisco con este cambio, y que quedaría en el bolsillo del consumidor. 

Los negocios que no cualifican, seguirían pagando el IVU al 11.5%.

Ese es el caso del dueño del restaurante de comida mediterránea/criolla Café Sidibou, Ahmed Hamza, quien alega haber tenido problemas de comunicación con la compañía (Retail Manager) la cual opera la máquina con la que cobra el IVU (CLOVER), por lo que continúa aplicando el impuesto del 11.5%.

“Estoy al día con el IVU, las planillas y los informes trimestrales de empleados. El problema es que en la compañía procesadora, Retail Manager, no responden el teléfono y son ellos los que tienen que instalar un terminal fiscal que conecte con Hacienda, para que todo lo que yo vendo se reporte allá directamente. Eso es un ordenador que lo provee Retail Manager y yo no lo puedo adquirir por mi cuenta”, destacó el empresario.

Mientras resuelve el asunto, Hamza ha optado por continuar cobrando el 11.5% de IVU y ofrecer a los clientes un descuento equivalente a la reducción del impuesto. 

“Si un plato cuesta $6.99 lo estoy vendiendo en $6.49. Prefiero perder yo, a perder clientes. Y, de todos modos, seguiré pagando el 11.5% a Hacienda mientras resuelvo lo otro”, destacó.

El administrador del restaurante Puerto Callao, Alexander Amber Martínez, también alegó tener escollos en el proceso de entregar documentos, aunque aceptó que lo dejó para última hora. 

Otros tres dueños de cafetines también denunciaron haber tenido problemas para obtener la certificación, aun cuando tienen evidencia de estar al día con el pago y la radicación de las planillas del IVU. En cambio, SURI no les permite subir los documentos en la aplicación digital.

El panorama luce distinto para el comerciante José Matos, dueño del café Positivo y la pizzería Rizzería, establecimientos que sí mostraban en la entrada un documento que anunciaba a los clientes que los negocios están autorizados a vender alimentos preparados con la tasa reducida.

“Entiendo que es positivo, porque ayuda al consumidor a tener ese alivio y nosotros como comercios tenemos que apoyar todo lo que beneficie al cliente… las cosas no están buenas económicamente y la gente tiene el dinero contado y esa chavería extra les hace efecto”, opinó.

El cafetín Café Miriam, cuyo dueño es Francisco “Paco” Ortiz, también mostraba el documento que validaba la rebaja en la compra de alimentos preparados, aunque  afirmó que se le hizo “cuesta arriba” obtener la certificación. 

“No fue nada fácil, fue bastante complica’o… y eso que yo tengo todos los papeles al día”, expresó.

José Mateo, de Mas Café, catalogó de “satisfactorio” el proceso y aseguró que “no fue tedioso, dado que tengo todo lo mío al día. De hecho, fue Hacienda quien me mandó un mensaje diciendo que estaba cualificado para aplicar la tasa reducida”.

Entre clientes también se hablaba del tema. 

Doña Álida Ortiz le parece “fantástica” la rebaja en particular porque acostumbra a comer afuera de la casa.

Julio Vizcarrondo agregó que cualquier ahorro es bueno “aunque sea una centavería”.

En cambio, Jesús Feliciano, expresó que la implementación de la orden administrativa “es más una estrategia política que una acción a favor del consumidor, pues el ahorro es casi nada”.

“Beneficio al consumidor”

De otra parte, la gobernadora Wanda Vázquez dio la bienvenida a la rebaja al 7% en el IVU a los alimentos elaborados en aquellos establecimientos que cumplen con los requisitos impuestos por Hacienda, y 

calificó el cambio como “un beneficio al consumidor” con “una rebaja dramática en el pago”. 

“Aquellos que por alguna razón no pueden hacer el alimento en su casa, por diferentes situaciones, cuando vayan a los diferentes comercios que están identificados como que tienen, cualifican y están en 

el programa del 7% vamos a verlo en nuestro bolsillo al 

final del mes el ahorro que representa”, expresó  la gobernadora en una visita a la panadería Castilla en Bayamón, que es uno de los negocios que entró al programa. 

“Cuando íbamos a pagar estos alimentos procesados estaba fuerte muchas veces para el consumidor. Así que, de alguna manera, incentivamos no solamente la economía, sino también, sobre todo, incentivamos los ahorros”, destacó la mandataria.

Osman Pérez Méndez colaboró con esta historia.