Los recintos de Utuado y Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR) finalmente cumplieron ayer con entregar la información de los casos de hostigamiento que le solicitó la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM), esto luego de que les lanzaran una advertencia de que estarían presentando querellas y emitiendo multas administrativas por $10,000 de no cumplir con varios requerimientos.

“En el día de ayer nosotros recibimos unas cajas de parte de la UPR (Río Piedras) de un sinnúmero de expedientes. Nosotros por la tarde comenzamos la evaluación de la información para ver si, en efecto, es la información que nosotros solicitamos en los requerimientos.  Así también el recinto de Utuado nos envió una carta certificando que nos estaban enviando un expediente que habíamos solicitado”, explicó a Primera Hora la procuradora de la mujer, Lersy Boria.

Según la funcionaria, la denuncia de la OPM se dio luego de que en tres ocasiones le solicitaran a los recintos información sobre casos de hostigamiento y agresión sexual y estos se negaran a trabajarla por aspectos de confidencialidad. 

“La excusa de ambos rectores era el aspecto de la confidencialidad. Nosotros les señalamos  reiteradamente que eso no es un argumento válido para la Oficina de la Procuraduría, porque en esa dirección es que estamos trabajando. Todos nuestros procesos son confidenciales, nuestro norte es siempre la protección de la mujer y velar por esa confidencialidad. Así que el argumento de no presentarnos la información porque es confidencial y porque algún reglamento de ellos así lo dispone, no está por encima de legislación que nos da el poder delegado para poder investigar”, sostuvo Boria. 

Ahora la OMP se encuentra en el proceso de revisión de la gran cantidad de documentación entregada para corroborar si los recintos cumplieron con los debidos protocolos en estos casos o, si por el contrario, no se trabajaron como corresponde, violentando los derechos de las víctimas de hostigamiento. 

“Fueron muchas cajas que nos enviaron y estamos en el proceso de evaluación. Lo que solicitamos en estos requerimientos fue conocer si en efecto, ellos cumplieron con el protocolo de hostigamiento sexual, si se les dio el debido proceso a las víctimas, si se cumplió con los mismos y de haber incumplido, entonces entraríamos a un proceso de multa que es ascendente hasta $10 mil dólares”, detalló la funcionaria.