La Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER) convocó a una reunión multisectorial compuesta por organizaciones cívicas, sindicales, religiosas, ambientales y comunitarias para discutir las consecuencias, planes y acciones ante el anuncio de la privatización de los activos de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). 

El presidente de la UTIER, Ángel Figueroa Jaramillo, dijo que con el anuncio del gobernador Ricardo Rosselló de privatizar los activos de la corporación pública el país tendría que asumir la deuda de $9 mil millones de dólares y se encarecerá el servicio.

"Aumentará la factura de la luz y nos vuelve más vulnerables como pueblos. No dejemos que nos roben la principal industria para el desarrollo de nuestro país”, dijo. 

Figueroa Jaramillo volvió a reiterar su propuesta del año 2014, para que se autofinancie la deuda con un costo menor, utilizando el ejemplo de la derrama ya que considera que evita gastos de financiamiento, se pueden hacer compras y adquirir servicios sin intermediarios para evitar que por los próximos 30 a 40 años el país se quede atrapado en un contrato por el pago de energía renovable la use o no la use.

“No podemos dejar en manos privadas el patrimonio que nos pertenece como pueblo. Y uno de ellos es la AEE. Porque si en algún momento enfrentamos algún otro fenómeno atmosférico como el que estamos expuesto todos los años durante la época de huracanes, ya sabemos cómo reaccionarán las generadoras privadas AES y Ecoeléctrica, que apagan sus maquinarias para no perder su inversión”, sostuvo.

Figueroa Jaramillo aseguró que las labores para la restauración del sistema eléctrico del país no se van a afectar con las acciones programadas en protesta por el anuncio del gobierno.

“Los procesos de restauración van a continuar. No vamos a utilizar el sufrimiento del pueblo, como nunca lo hemos hecho para avanzar. Eso no significa que no nos tiremos en la calle a educar, a avanzar en las acciones que tengamos que hacer en educación en este proceso. Nosotros vamos a utilizar el proceso para educar, para construir. El gobierno ha utilizado la crisis para destruir y llevar sus intereses particulares y personales en la lucha aparente con la Junta de Control Fiscal”, denunció el líder sindical.

Según explicó la lucha de poder que genera el control de la corporación pública ha sido evidente desde que ocurrió el desastre natural y se concedió el polémico y cancelado con la compañía Whitefish.

“La pelea entre la JCF, el gobierno de Puerto Rico y sus empresarios empezando por Elías Sánchez es por dónde se reparte el bizcocho, si es el grupo de Cuomo en Nueva York o son los llamados sin fines de lucro que llegan ahora con el discurso de la energía renovable o son los empresarios de aquí o testaferros de los empresarios de aquí que quieren robarse”, acotó.

Acompañado por representantes de alrededor de 25 sindicatos, organizaciones de derechos humanos, del magisterio, retirados, entre otros sectores de la sociedad, el líder sindical apostó a la educación del pueblo como el elemento fundamental para este movimiento.

Entre los integrantes del grupo figura la presidenta de Educamos, Eva Ayala, quien no descartó que, tras la privatización de los activos de la AEE, el Departamento de Educación avance en sus intenciones de privatizar las escuelas tras el cierre de planteles.

“Basta nada más que darle una ojeada al plan de federalización que ella está impulsando que es obvio que ella tiene una clara intención de impulsar las (escuelas) ‘charter’ o modalidades de privatización a lo largo y a lo ancho del país y quisiera también resaltar que la única responsable de la merma estudiantil se llama Julia Keleher, porque reaccionó a la devastación de nuestro huracán un mes después de que nuestras escuelas y de que nuestras comunidades habían sido afectadas”, señaló Ayala.

De su lado, el presidente de la unión Prosol UTIER, capítulo de la Autoridad de Carreteras, Juan Jacobs, se manifestó en contra de la privatización ya que tienen el ejemplo vivo en el caso del peaje de Buchanan donde el conductor ha tenido que sufrir los aumentos por el servicio.

“Nosotros estamos en contra total de la privatización, nosotros estamos en contra de eso. Nosotros ya sufrimos eso con la autopista PR-22. Como indicó Jaramillo los costos han aumentado, se ha disminuido el servicio en términos de que ahora uno no sabe cuánto te queda en la tarjeta porque hasta los focos te han quitado. Han sido pérdidas. La Autoridad de Carreteras generaba $90 millones en esa vía nada más y se vendió y el dinero no bastó para saldar la deuda, aun así, tenemos más deuda”, dijo Jacobs.

Rogelio Maldonado, portavoz de la Jornada se Acabaron las Promesas, adelantó que en los próximos días van a sostener reuniones para explorar la manera en la que se van a unir al movimiento.

“No pueden quedarse en la casa esperando que a ver cómo nos siguen privatizando lo poco que nos queda”, afirmó Maldonado.

Durante los pasados 10 años, la demanda de energía en la Isla ha disminuido en un 18% y en el sector industrial la reducción ha llegado al 48%, según las estadísticas presentadas por el Primera Mandatario.