El proyecto que establece el marco reglamentario para la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), que irá a votación hoy en el Senado, garantiza el traslado de empleados a dependencias del Gobierno y a los privatizadores, pero no reconoce el convenio colectivo ni la unidad apropiada, que es representada por la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier).

La unión, que agrupa a unos 3,200 trabajadores de la AEE, cabildea una enmienda para que se reconozca el laudo y al sindicato, como fue negociado con la ley que dio paso a la venta de la Telefónica en 1998. 

La Utier sostiene que la enmienda fue acordada con el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y convocó a su matrícula para las 4:00 de esta tarde en el Capitolio. 

Sin embargo, el vicepresidente del Senado, Larry Seilhamer, autor de la medida junto con el senador popular Eduardo Bhatia, opinó que el lenguaje impulsado por la Utier sería rechazado por la Junta de Supervisión Fiscal. 

“El obligar a un privatizador a reconocer a un sindicato y a imponer el convenio colectivo, eso es inmenso. Ellos tienen 21 días de vacaciones”, sostuvo Seilhamer, del Partido Nuevo Progresista (PNP).

Añadió que el proyecto de ley establece que el empleado “va a pasar a trabajar con el Gobierno o el privatizador”. 

“Todo aquel empleado que sea transferido a agencias del Gobierno o que se quede en la AEE, mantendrá todas las disposiciones de salarios, beneficios marginales”, destascó.

Seilhamer dijo que antes de la votación se reunirá el caucus de senadores del PNP para considerar la enmienda promovida por la Utier, aunque “trataremos de que el lenguaje no mate el proyecto”.

“Mi preocupación es que si uno le impone unas condiciones al privatizador, que en este caso son varios, el proceso sea muy oneroso y resulte en un incremento en las propuestas. Iría en contra de que podamos tener un costo kilovatio hora atractivo”, planteó Seilhamer.

El Consejo Estatal de la Utier no apoya el proceso de privatización de la AEE, pero su posición como sindicato es establecer procesos que garanticen los derechos y beneficios de los trabajadores ante cualquier eventualidad que ocurra en la corporación pública.