Por cuarto día consecutivo, el administrador de la Administración de Servicios Generales evitó ayer contestar preguntas sobre cómo 58 legisladores tuvieron acceso, a partir del paso por Puerto Rico del huracán María, a gasolina despachada en una de las cinco estaciones de la dependencia. 

Mientras, corre el tiempo para que ese funcionario, Miguel Encarnación, rinda información similar solicitada por los presidentes Legislativos. Al menos en el caso del presidente de la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez, le dio, comenzando el jueves en la tarde, un plazo de 48 horas para que conteste las siguientes interrogantes: quién autorizó y cómo el despacho de combustible, qué representantes se beneficiaron, para qué propósito, la cantidad de combustible despachada y los nombres de los empleados de la ASG que participaron en la operación.

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, hizo una petición similar, pero sin límite de tiempo.

Primera Hora le solicitó ayer al portavoz de la ASG, Ramón Alejandro Pabón, información sobre estas peticiones y nunca contestó.  

Precisamente el martes, el secretario de la gobernación, William Villafañe, adjudicó a Encarnación la responsabilidad de determinar cuáles funcionarios y para qué fines estaban autorizados para obtener gasolina de la ASG. 

Rivera Schatz y Méndez indicaron ese martes, en entrevistas por separado, que el gobernador Ricardo Rosselló Nevares había dado la autorización.

Indicó que para que la gasolina consumida por los legisladores pueda ser reembolsada a la ASG, tendrán que evidenciar a la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) que el uso que le dieron al combustible fue justificado. De no ser así, los legisladores tendrían que pagar la gasolina de su propio bolsillo.