El alcalde de Isabela, Ing. Miguel ‘Ricky’ Méndez, alertó en la mañana de hoy, miércoles, a la secretaria interina del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Anaís Rodríguez, sobre la tala de mangles y relleno de terreno que el municipio identificó ayer en una finca localizada en el Barrio Bajura.

Por medio de una carta, Méndez presentó imágenes de las zonas afectadas y solicitó a la agencia gubernamental a iniciar una pesquisa sobre posibles daños ambientales que se produjeron en un terreno de ocho cuerdas que se encuentra bajo el nombre de César Candelaria Rivera, según los registros del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM).

El ejecutivo municipal sostuvo que durante una inspección que realizó junto a personal de la Policía Municipal y voluntarios de la organización ambientalista CocoPR, en el predio localizaron lo que aparenta ser un camino, que no está registrado en el CRIM, incluso “un letrero ofreciendo estacionamiento a $5.00, negocio que no ha sido reportado al Municipio de Isabela”.

Igualmente, se halló material agregado en la entrada de la finca, “lo que no es compatible con la zona de los manglares”, expresó el alcalde del Partido Popular Democrático.

“Estamos muy atentos al desarrollo e investigación de esta situación para evitar la continuación en el daño ambiental que se haya registrado y que se proceda a la restauración del área”, lee el documento.

Méndez informó que logró contactar a una persona que se identificó como representante del dueño de la propiedad, quien admitió no haber solicitado permiso alguno ni al Municipio ni al DRNA.

Por otra parte, la administración municipal no identificó estructura alguna, o conexiones de agua potable o energía eléctrica.

Dicho llamado se produce al tiempo en que siguen surgiendo múltiples alegaciones de proyectos que se han construido en las costas de Puerto Rico que pueden tener efectos irreversibles en la flora local.

Entre ellos, se encuentra los daños ambientales que se han producido en la Reserva Estuarina y de Investigación de Bahía de Jobos en Salinas, que se encuentra bajo una pesquisa de carácter criminal del Departamento de Justicia.

Además, también se encuentra las denuncias sobre las ventas de dos fincas de diez cuerdas de la zona marítimo terrestre de Bahía Ballena por $1 millón, lo cual ha desatado una lucha ambiental en la Reserva Natural del Bosque Seco de Guánica.