Aunque todos las agencias que participaron hoy de la discusión del P. de la C. 2007 avalaron la medida que establecería una licencia de 15 días para las víctimas de violencia de género, entre otras situaciones de violencia, fueron los legisladores los que mostraron dudas y preocupaciones con algunos términos.

Cuestionamientos sobre quién pagará las multas que le impondrán a los patronos por no cumplir con el estatuto así como qué licencia agotará primero un empleado fueron algunas de las interrogantes ante la discusión de la medida de administración que provee esos días -sin paga- para que víctimas de violencia (incluyendo hombres y mujeres), hostigamiento sexual en el empleo, agresión sexual, maltrato de menores, actos lascivos o de acecho en su modalidad grave, puedan atender esas situaciones sin perder su empleo.

Algunas de las sugerencias de los legisladores se traducirán en enmiendas, y otras serán analizadas en los próximos cinco días.

La presidenta de la Comisión de Asuntos de la Mujer de la Cámara de Representantes, Lourdes Ramos, que estuvo a cargo de la vista en la que participaron agencias como los departamentos del Trabajo y Justicia, así como la Oficina de la Procuradora de la Mujer, mantuvo la voz cantante en señalar que las multas a un patrono (en el sector público) no las debe pagar el gobierno.

La medida establece multas administrativas de hasta $10,000 e incluye tanto al Gobierno como a la empresa privada.

“No estoy a favor que la pague el mismo gobierno. Creo que cada jefe de agencia, cada director de Recursos Humanos que acepta trabajar en el Gobierno tiene que tener una responsabilidad con sus funciones, con el trabajo… y con el cumplimiento del mismo”, dijo la representante.

Abogó para que el patrono pague la multa “de su bolsillo. Cuando nos cuesta del bolsillo los errores se disminuyen… Si la va a pagar el Gobierno pues como que no hay una motivación del cumplimiento porque no me va a tocar sacarlo de mi dinero”.

De su parte, el representante Denis Márquez, de la Comisión de Asuntos Laborales, que también tiene a cargo la medida, mostró preocupación, entre otros asuntos, con “el  concepto de reinstalación”, ya que se establece que el trabajador requerirá al patrono que lo reponga en su empleo luego de agotada la licencia especial.

El legislador que favorece la medida, mencionó que ese término se utiliza cuando son licencias, por ejemplo, del Fondo del Seguro del Estado, “porque la persona está fuera del empleo”.

De igual forma, indicó, hay que diferenciar el ámbito público del privado porque “las legislaciones no concuerdan en muchas ocasiones y (en la medida) hay expresiones particulares que la podemos entender para el empleo público pero no necesariamente para el empleo privado”.

También mostró reservas con el término de familia.

Aunque algunos ponentes le enumeraron quiénes están incluidos en esa definición (hijos o hijas, cónyuge, etc.) este insistió en ser más específico.

“A lo mejor es añadirle algo con más precisión, porque conociendo a la gente del mundo de los patronos, van a venir (a oponerse)… que como regla general… a todo lo que sea una licencia se oponen… pues hay que hacerlo… para que se cree un ambiente de mayor precisión”.

Vienen las enmiendas

Por su parte, la procuradora de la Mujer, Lersy G. Boria, quien junto a la Division Legal de su agencia y los asesores de la Oficina del Gobernador trabajaron la medida, respaldo las sugerencias de los legisladores y se comprometió a preparar la serie de enmiendas.

“Estamos bien contentos por la acogida…. con todos los deponentes”, dijo la funcionaria -que también testificó- al mencionar que una de las enmiendas dejará claro que es la víctima quien decidirá qué licencia, a las que tiene derecho, quiere agotar primero.

Según el proyecto, la licencia especial “procederá a solicitud del empleado una vez haya agotado cualquier tipo de licencia que pueda ser utilizada para los mismos fines, con paga o sin paga, a la cual tuviera derecho”.

Ejemplificó el caso real de una empleada con cáncer y víctima de violencia de género, que prefiere guardar su licencia por enfermedad para tratar su enfermedad y usar la especial para  “las gestiones conducentes a su seguridad”.

“Pues necesitamos aclarar ese punto para que finalmente el proyecto cumpla su fin que es proteger a la víctima”, sentenció al agregar que también se dejarán claros asuntos como la confidencialidad de la víctima.

Recordó que aunque los patronos tiene que seguir el protocolo actual sobre el manejo de violencia doméstica, “esta medida amplia y le da rigurosidad” a lo existente.

Agregó que los beneficia porque la víctima tiene seguridad al igual que los empleados. “Una víctima que se sienta segura es más productiva”, sostuvo.

De hecho, en la vista mencionó que el Center for Disease Control and Prevention reveló que víctimas de violencia de género a nivel nacional pierden al año 8 millones de días de trabajo productivo, que representa una pérdida de $0.9 billones.

Temas como, quién pagará las multas y otros aspectos laborales los tendrá a su cargo el Departamento del Trabajo.