La Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR) radicó una demanda en el tribunal de primera instancia de San Juan para que declare inconstitucional la recién firmada ley de Reforma Educativa.

En un documento de 13 páginas, la asociación reclama que el estatuto viola la sección 5 del artículo II de la Constitución del Estado Libre Asociado porque estaría "asignando fondos y propiedad pública a entidades privadas para la enseñanza de los estudiantes en Puerto Rico, ya sea bajo la modalidad de las Escuelas Alianzas y/o bajo la modalidad de los Certificados del Programa de Libre Selección de Escuelas; con cualquier otro remedio que en derecho proceda". 

"Llamar pública a las escuelas alianzas cuando las mismas van hacer administradas, dirigidas y controladas por manos privadas, es una contradicción claramente ilegal e inconstitucional", expresó la AMPR en declaraciones escritas.

“A pesar de que mantuvimos un diálogo e intercambio de información con el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y se lograron cambios sustanciales a la Ley 85-2018 de Reforma Educativa, en especial la protección de los derechos adquiridos de la clase magisterial, hoy, la Asociación da un paso al frente y radica un recurso para que se declare inconstitucional dicha ley porque se está violentando el Artículo II, Sección 5 de la Constitución de Puerto Rico en la medida que dicha ley, por medio de las escuelas alianzas y los vales educativos, sostienen escuelas privadas”, explicó Aida Díaz presidenta de la AMPR.

Como representante exclusivo del magisterio y en medio del momento histórico en el que nos encontramos, la Asociación de Maestros siempre defenderá la escuela pública y el patrimonio constitucional que instituye en tal rango el deber del Estado de mantener un sistema público de enseñanza libre y no sectario”, añadió Díaz. 

Acudimos a este foro con el claro convencimiento, consciencia social y moral de que la llamada "reforma educativa" no representa, sino otra cosa que no sea la promulgación e institucionalización de diversos sistemas de enseñanza que chocan con el principio de la educación pública y el derecho incuestionable que tienen los progenitores en Puerto Rico de que el Estado eduque teniendo como principio un solo norte, de acceso a una educación pública, gratuita, no sectaria. Llamar pública a las escuelas alianzas cuando las mismas van hacer administradas, dirigidas y controladas por manos privadas, es una contradicción claramente ilegal e inconstitucional”, puntualizó Díaz.

El gobernador, Ricardo Rosselló firmó convirtó en ley el pasado jueves la controversial reforma educativa que crearía las escuelas chárter.