El Senado aprobó esta tarde a viva voz un proyecto de ley (P. S. 1539) que prohíbe desconectar los servicios de agua, luz y telecomunicaciones sin consentimiento del cliente hasta pasados 30 días de una situación de emergencia como la declarada en la actualidad por la gobernadora Wanda Vázquez Garced por el contagio del coronavirus.

El proyecto de ley establece que cualquier persona que ordene o realice una desconexión, cese o cancelación del servicio incurre en un delito menos grave y la entidad pública o privada que incumpla con el estatuto estaría sujeta a una multa de hasta $100 mil.

“La medida atiende el momento y también previene el futuro”, expresó en el hemiciclo el autor de la medida, el senador William Villafañe Ramos.

El legislador indicó que con la medida busca dar “un respiro” a los usuarios de estos servicios para que puedan hacer los pagos durante la actual emergencia por el coronavirus y en cualquier otra situación de emergencia que surja en el futuro.

El Senado aprobó también hoy, con enmiendas, un proyecto de la Cámara (P.C. 2428) que obliga a los patronos a conceder una licencia de cinco días con paga a aquellos empleados afectados por el COVID-2019 que hayan agotado sus licencias de vacaciones y enfermedad.

“Me surgen dudas. Sé que queremos hacer justicia, pero la prisa es mala consejera”, esbozó el senador popular Aníbal José Torres, quien presentó objeciones a las enmiendas introducidas en sala al proyecto de ley, que fue bajado por descargue. La medida originalmente proveía para una licencia de 20 días sin paga, pero fue enmendada para que sea una licencia de cinco días con paga.

“Hay dueños de negocios que tienen dos o tres empleados y se les hace difícil mantener un negocio. Defendemos al empleado, pero también dar cinco días con paga no es cáscara de coco. El proyecto en su esencia según fue redactado estoy dispuesto a apoyarlo, pero cinco días, cuando el comerciante no va a tener ni su negocio operando, es difícil”, expresó Torres Torres.

Otra medida aprobada hoy en el Senado lo fue un proyecto que enmienda la Ley de Primarias Presidenciales Compulsorias para aplazar la primaria demócrata del 29 de marzo para el 26 de abril.

La medida también autoriza al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) a establecer una fecha alterna en caso de que el 26 de abril, Puerto Rico continúe todavía bajo la emergencia sanitaria del coronavirus.

El portavoz de la minoría popular Eduardo Bhatia propuso que, de necesitarse una fecha alterna, sea la Asamblea Legislativa la que tome la determinación, pero la sugerencia no fue considerada por la mayoría novoprogresista.

“Ningún evento electoral debe dejarse a discreción de funcionarios del Ejecutivo, esa es función de la Asamblea Legislativa”, argumentó Bhatia.

"Yo me opongo. La posposición es insuficiente. Se debe eliminar por completo su celebración por ser una votación inconsecuente, ridícula y ser un despilfarro de fondos públicos, casi tres millones de dólares, que son necesarios para dar servicios al país”, dijo por su parte, el senador independentista Juan Dalmau Ramírez.