Un 30% de toda vivienda de interés social, ya sea subsidiada o incentivada con fondos públicos, estarían reservadas para jóvenes profesionales, entre las edades 21 a 40 años, según propuso la representante Tatiana Pérez Ramírez.

A través de la medida que radicó, el Proyecto de la Cámara 964, la legisladora busca crear la “Ley de Reserva Habitacional para Jóvenes Profesionales y Trabajadores en Puerto Rico”, que beneficiaría a jóvenes que trabajan y residen en la Isla.

“Soy una legisladora joven, profesional...una de las necesidades principales de nuestros jóvenes (es) el acceso a vivienda accesible”, apuntó a Primera Hora la política novoprogresista, de 37 años.

“En momentos en que miles de jóvenes preparados se marchan de Puerto Rico en busca de mejores oportunidades, es indispensable que el gobierno adopte políticas que los incentiven a quedarse. Esta medida busca abrirles la puerta a una vivienda digna, accesible y estable”, agregó por escrito, repitiendo que la medida busca atender la crisis de vivienda y frenar la emigración de jóvenes cualificados, brindándoles una oportunidad real de establecerse en Puerto Rico.

La realidad en Puerto Rico es que, aunque las viviendas estuvieron un tanto más accesibles durante el primer trimestre de 2025, la mayoría de la población no puede adquirirlas, según arrojó el Índice de Vivienda Asequible, preparado por Estudios Técnicos Inc. (ETI).

“El índice aumentó de 53% en el cuarto trimestre de 2024 a 56% en el primer trimestre de 2025. Sin embargo, este leve cambio favorable no representa una mejora en el problema de asequibilidad que enfrenta actualmente el mercado inmobiliario de la isla”, estableció el economista Leslie Adams, director de análisis y política económica de ETI

Según cifras del Comisionado de Instituciones Financieras, el precio promedio de la vivienda nueva disminuyó en un 19%, de $353,681 en el primer trimestre de 2024 a $286,234 en el mismo periodo de 2025. En el caso de las viviendas usadas, la reducción fue de apenas 3%, de $215,973 a $209,284.

Por otro lado, las presiones en el financiamiento se mantienen, ya que las tasas hipotecarias a 30 años no muestran un descenso significativo. En el primer trimestre de 2025, la tasa promedio fue de 6.82%, muy similar al 6.73% al cierre de 2024 y al 6.75% en el primer trimestre de 2024.

Por su parte, Pérez Ramírez citó al Instituto de Estadísticas, que apuntó a que más de 35,000 personas con educación postsecundaria o grados universitarios emigraron de Puerto Rico entre 2021 y 2022, lo que representa una pérdida significativa de capital humano y talento profesional.

Mientras, el estudio “Revisión Bibliográfica sobre la juventud en Puerto Rico” estimó que la población juvenil, específicamente entre los 15 a 29 años, ha disminuido en 261,935 personas entre el 1990 a 2022. El análisis fue compuesto por la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico (PUCPR), el Observatorio de Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas, el Observatorio de la Juventud en Iberoamérica y la Fundación SM y publicado en 2024.

Por eso, la legisladora opinó que su proyecto podría ayudar a retener ese talento local, ya que la población envejeciente continúa en aumento, así como el éxodo de jóvenes profesionales.

“Algo que nos está alarmando es que nuestro talento local se está yendo y nos estamos quedando sin profesionales, sin técnicos, hablamos de paramédicos, hablamos de carniceros, hablamos de plomeros, electricistas. Estamos careciendo de eso, porque obviamente apuestan a las mejores oportunidades que tienen los Estados Unidos”, subrayó.

“Sabemos que muchos jóvenes, de 21 años a 40 años, están teniendo sus bebés, están haciendo su práctica profesional y están desarrollándose, tanto como profesional como en familia, pues necesitamos que garantizarle un hogar seguro”, reiteró.

De implementarse la ley, el Departamento de la Vivienda sería la entidad encargada de ejecutarla y velar que los proyectos de vivienda sufragados con fondos o incentivos del gobierno reserven al menos el 30% de sus unidades para esta población. También, la agencia estaría encargada de crear un registro de unidades reservadas y emitir las certificaciones de cumplimiento correspondientes.

Aquel desarrollador que exceda voluntariamente ese porcentaje mínimo podría recibir incentivos adicionales en contribuciones y permisos, fomentando así la colaboración del sector privado con los objetivos de esta política pública.

Hasta el momento, en las reuniones que Pérez Ramírez ha sostenido con el Departamento, se le ha indicado que se está creando un inventario de viviendas en desuso. Mientras, los municipios también hacen lo propio.

Entretanto, el Buró del Censo de los Estados Unidos de 2020 contabilizó 257,625 de viviendas vacantes en Puerto Rico.

El Proyecto de la Cámara 964 fue referido a la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Cámara de Representantes para su análisis y evaluación.