La Cámara de Representantes aprobó esta tarde, a viva voz, un proyecto de ley con que se derogan dos artículos del Código Penal que, según los proponentes de la medida, coartan los derechos de libertad de expresión de ciudadanos al momento de participar en protestas.

El Proyecto de la Cámara 2, de la mayoría popular, deroga los artículos 200 y 247 del Código Penal.

El artículo 200 tipifica como delito grave las manifestaciones públicas consumadas para denunciar las actuaciones gubernamentales. Específicamente, sanciona con pena de reclusión de mínimo tres años a toda persona que, con la intención de impedir, “temporera o permanentemente”, cualquier obra de construcción, pública o privada, o movimiento de terreno, que cuente con los permisos, autorizaciones o endosos de las agencias concernidas.

Por protesta, se considera en el artículo impedir la entrada o el acceso de empleados, vehículos y personas, incluyendo a los suplidores de materiales y ocupar terrenos, maquinarias, o espacios que son parte de la obra de construcción o el movimiento de terreno.

El artículo 247 tipifica como delito menos grave la “obstrucción de acceso o de labores en instituciones de enseñanza y de salud o edificios en donde se ofrecen servicios gubernamentales al público”.

“Aunque el alcance del referido artículo (200) simula estar limitado a reglamentar el tiempo, lugar y la forma de expresión, el mismo representa un intento burdo para negar el contexto histórico que viabilizó su aprobación. Precisamente, el referido mandato fue creado como una estrategia para contrarrestar la disidencia, ante la propuesta para construir el proyecto de Vía Verde, la imposición de una cuota de $800 contra los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico y la entrega de terrenos del primer centro docente del país para beneficio de sectores ajenos a la academia”, lee parte de la Exposición de Motivos.

En el caso del Artículo 247, en la Exposición de Motivos se sostiene que fue aprobado en contexto de las huelgas decretadas en la Universidad de Puerto Rico. “La respuesta del Estado, nuevamente ante la incapacidad del diálogo, fue reestructurar el ordenamiento penal para sancionar criminalmente la paralización de estas labores”, lee la medida.

Los populares sostuvieron que el proyecto no da paso a la impunidad contra “toda actuación criminal” y sostuvieron que todavía permanecen el Código Penal los delitos de alteración a la paz, empleo de violencia o intimidación contra la autoridad pública y la resistencia u obstrucción a la autoridad pública.