El gobernador Pedro Pierluisi aseguró hoy, lunes, que la totalidad de los fondos federales provenientes de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica del Coronavirus (CARES Act, en inglés) se utilizarán antes del 31 de diciembre que es su fecha de caducación.

A la fecha, quedan $125 millones por utilizar de los $2,200 millones que recibió Puerto Rico en abril de 2020 para gastos necesarios relacionados al COVID-19.

“En la ley CARES repasamos el estatus de esos fondos y nos vamos a ocupar de que todos estén debidamente utilizados, por no decir desembolsados, antes del 31 de diciembre”, afirmó el primer ejecutivo en conferencia de prensa.

Los fondos restantes se destinarán al Fideicomiso para el Desempleo y “para necesidades recurrentes del Gobierno”, se limitó a decir el gobernador a preguntas de los medios.

Los fondos del CARES Act se tradujeron como tres incentivos monetarios a ciudadanos puertorriqueños, ayuda a pequeños y medianos comerciantes y nutrió el Pandemic Unemployment Assistance, mejor conocido como PUA, incentivo que se le proveyó a quienes quedaron desempleados a causa de la pandemia hasta septiembre de 2021.

Cuando se anunciaron los fondos en el 2020, el gobierno tenía destinado $150 millones para pruebas de detección del coronavirus y rastreo de contactos, $150 millones para el Fondo de Desempleo del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), $100 millones a los municipios para gastos relacionados a la pandemia y $100 millones para equipos de protección y materiales de desinfección en lugares de trabajo.

Asimismo, a los hospitales se les destinó $50 millones y $40 millones a los programas de telemedicina. Entretanto, otros $40 millones fueron presupuestados para programas de trabajo y estudio a distancia, $10 millones para atender los gastos por la pandemia en las prisiones y $5 millones para un programa de ayuda a personas sin hogar, entre otros usos.

“CARES Act no va a ser una situación. Vamos a ocuparnos de que 100% de los fondos de CARES Act se utilicen”, recalcó.

Pierluisi resaltó, además, que los funcionarios gubernamentales, incluyendo a los alcaldes y personal del gobierno central, son responsables en asegurar el buen uso de estos fondos restantes y, advirtió que si los utilizaron de manera indebida, están obligados a responder por sus acciones.

“AFAF (Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal) ha sido la agencia fiscal nuestra que les ha dado apoyo y asesoramiento técnico a los municipios, pero, a fin de cuentas, el que gasta es el que responde”, comentó.

“Estamos asegurándonos de que todos los fondos se utilicen. Si hizo un mal uso de fondos, el que sea que incurrió en el uso indebido tiene que responder”, añadió.

Cuando finalice el CARES Act, aún permanecerán en vigencia los fondos de emergencia por la Agencia federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), el programa de Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario para la Recuperación ante Desastres de Puerto Rico (CDBG-DR, por sus siglas en inglés) y la Ley del Plan de Rescate Americano (ARPA, por sus siglas en inglés).

Al día de hoy, el gobienro apunta completar 2,000 proyectos en municipios, agencias, corporaciones públicas y organizaciones sin fines de lucro para el 2022 con fondos de FEMA. De esos 2,000, ya 1,649 proyectos están en etapa de diseño por $3,000 millones y 84 están en el proceso de subasta y permisología, se especificó. Mientras, se le han obligado $982 millones a los municipios mediante el programa de Revitalización de la Ciudad de CDBG-DR.

En cuanto al dinero provenientes de la Ley del Plan de Rescate Americano (ARPA, por sus siglas en inglés), se requerirá que los más de $2,470 millones que le fue destinado a la isla estén presupuestados para el 2026. De este dinero, $50 millones ya se están utilizando en equipo, mantenimiento y pavimentación, se indicó.

“Nosotros no vamos a tener problema con eso, porque hemos hecho gran parte de las asignaciones. Hemos anunciado las obligaciones que ya tenemos. Aunque sí quedan fondos disponibles y también algunos de los fondos que hemos destinados los hemos hecho para años subsiguientes”, explicó a preguntas de Primera Hora.

De la misma manera, aseguró que el nuevo crédito por trabajo, vigente a partir de enero de 2022 y que cuya inyección de $600 millones proviene de los fondos ARPA, que según adelantó, es un programa que está “para quedarse”.

“Eso es un programa que lo vamos a tener permanentemente. De igual manera, el de créditos por hijos independientes. Estamos enfocados de que la gente lo aproveche”, afirmó.

Actualización de proyectos por agencia

Por otro lado, Pierluisi detalló que sobre $330 millones se han destinado al programa de horario extendido para más de 40,000 estudiantes del sistema público.

Mientras, en el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) hay sobre 126 proyectos de obra permanente ya obligados, de los cuales ya 117 están en proceso de diseño y pronto deberán estar en subasta, incluyendo la carretera PR-770 de Barranquitas.

Dijo que el 100% de los fondos federales asignados a la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) han sido obligados- lo que incluye sobre $51 millones del año pasado que no se habían obligado-, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) cuenta con sobre 160 proyectos activos que representan $1,800 millones y el Departamento de la Vivienda reparó o reconstruyó 2,751 viviendas, con aras de cumplir la meta de 3,000 residencias para finales de diciembre.