El Presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Juan Zaragoza, cuestionó varios contratos de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf), además de reclamar una reducción en la contratación para darle paso a los recursos internos de la agencia.

“Ahí hay contratos para todos los gustos y todos los colores”, manifestó el legislador en declaraciones escritas a la prensa.

Al tiempo, mostró una tabla de contratos de la agencia que incluyen: relaciones públicas, comunicaciones, recursos humanos y asesoría legal, entre otros.

“Ahí hay un montón de millones de dólares”, manifestó el legislador del Partido Popular Democrático.

“Aquí hay un proceso generalizado de desmantelamiento institucional y sustituyéndolo con contratación. Nosotros hemos levantado consistentemente el planteamiento de que debemos empezar a reversar eso paulatinamente e ir sacando a estos consultores y sustituyéndolo por capacidad interna”, añadió.

En torno al tema presupuestario para el año fiscal 2021-22 concerniente a la Aafaf, el presupuesto recomendado por la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) sería de $66,178,000. Comparado con el prepuesto del presente año fiscal que es de $84,256,000, significaría una reducción de $18,078,000.

El principal oficial financiero del gobierno, Luis Umpierre, señaló que el presupuesto recomendado por la Junta de Supervisión Fiscal para Aafaf sería de $49,874,175, lo que representaría una reducción de $14,649,375 menos comparado con el recomendado por la OGP.

“Dada la situación de emergencia ocasionada por la pandemia del COVID-19, las vistas calendarizadas en el tribunal para atender el proceso de reestructuración de las agencias acogidas a las disposiciones de Título III de Promesa ha generado un excedente proyectado en los contratos de servicios profesionales de aproximadamente $13.8 millones”, aseguró Umpierre.

La vista pública conjunta de las Comisiones de Hacienda de la Cámara de Representantes y el Senado se llevó a cabo mediante las Resolución de la Cámara 149 y la Resolución del Senado 66, para investigar todo lo relacionado a la situación fiscal del gobierno.