La determinación del gobernador Pedro Pierluisi de cancelar el Acuerdo de Apoyo a la Reestructuración (RSA) de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) parece ser, por el momento, la dirección correcta y en beneficio del consumidor.

Así lo expresó a Primera Hora el representante de los consumidores ante la Junta de Gobierno de la AEE, Tomás Torres Placa, al señalar que la implantación de lo acordado dejaría en “insolvencia” a la AEE y “representaba unos costos extremadamente altos para los consumidores”.

Y es que el RSA acordado en 2019 implicaba - de ser aprobado en vistas por la jueza Laura Taylor Swain- un cargo de transición que iniciaría en 2.7 centavos por kilovatio hora (kWh) y el mismo aplicaría tanto al consumo producto de la red central de la AEE como el de energía generada por los clientes. Este cargo de transición a los clientes crecería escalonadamente hasta alcanzar cerca de 4.5 centavos por kWh para mediados de la década de 2040.

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El RSA que canceló Pierluisi proponía que se emitieran dos series de bonos nuevos para sustituir la deuda vieja ($9,000 millones). La propuesta era que el 67.5% del principal de la deuda acatual correspondería a la “Serie A”, mientras que la “Serie B” (10%) se cobraría luego de que se cumpla con los bonos prioritarios, lo que supondría un recorte de entre 22.5% y 32.5%.

Cabe señalar que la deuda que ha llevado a la quiebra de la AEE, la cual asciende a más de $18,000 millones, además de comprender lo que se le debe a acreedores y bonistas ($8,200 millones), incluye también la deuda del Sistema de Retiro ($4,300 millones) y la deuda corriente de la corporación pública la cual es de más de $5,000 millones con los intereses que ha acumulado.

Me parece que la decisión del gobernador es la dirección correcta. Ahora bien, un nuevo acuerdo debe ser dirigido a lograr costos energéticos bajos, especialmente considerado los datos y proyecciones relacionados al alza en la demanda del consumo de electricidad. Esto significa que si la demanda aumenta en el futuro, el cargo que se implemente debe de bajar a través del tiempo”, senteció Torres Placa.

Acotó que hay que observar el giro que tome la decisión del gobierno local cuando se añada sobre el escenario la renegociación no solo con los bonistas, sino también en el macro total de la deuda general de la AEE, incluyendo la del sistema de retiro y la deuda corriente.

“Hay que verlo como un todo... esas tres partes que comprenden la deuda total debe ser atendidas y el resultado debe ser con costos sostenible y asequibles a beneficio de los consumidores y el desarrollo económico de Puerto Rico”, abundó al hacer hincapié en que el gobierno tiene que involucrarse en el asunto del retiro para que no resulte en corte a las pensiones de los empleados, pero que tampoco concluya con cargos excesivos para los consumidores.

Según explicó el gobernador mediante comunicación escrita las circunstancias prevalecientes en el 2019, cuando se pactó el RSA de la AEE, han cambiado significativamente, incluyendo las condiciones económicas mundiales como la creciente inflación y los aumentos significativos en el precio del petróleo.

“Estoy comprometido a lograr que la AEE salga de la quiebra, por lo que favorezco una negociación o mediación abarcadora que asegure un servicio de energía eléctrica más eficiente, limpio y confiable para el pueblo de Puerto Rico y, a la vez, honre el compromiso de nuestro gobierno con los pensionados de la corporación y atienda justamente los reclamos de los acreedores de la AEE”, indicó Pierluisi.

El RSA permite que cada una de las partes pueda cancelar el acuerdo bajo ciertas condiciones y ante la determinación de Pierluisi, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) habría notificado a las partes de la decisión.

“El gobierno de Puerto Rico está comprometido a trabajar con la JSF y los acreedores de la AEE para negociar un Plan de Ajuste (PDA) para la corporación pública que (1) asegure su salida de la quiebra bajo el Título III, y (2) se ajuste a la política pública del Gobierno y su objetivo de asegurar que los residentes de Puerto Rico tengan energía eléctrica confiable y menos costosa”, dijo el director ejecutivo de Aafaf, Omar Marrero.

Reacción en la Cámara de Representantes

Tras conocer la decisión, el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, y el presidente de la Comisión de Energía en ese cuerpo, Luis Raúl Torres Cruz, indicaron que Pierluisi “dio pasos en la dirección correcta al cancelar el acuerdo para reestructurar la deuda de la AEE”.

“El pasado 27 de febrero, la Delegación del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara de Representantes advirtió el impacto que tendrá la reestructuración de la deuda de la AEE si no se lleva a cabo acción legislativa. También emplazamos a todos los sectores del país y a los funcionarios electos a expresar su posición al respecto”, lee la comunicación.

Los legisaldores llamaron a los legisladores de ambos cuerpos y al Primer Ejecutivo a sentarse “sobre la mesa para legislar un mejor acuerdo” y evitar un aumento tarifario.

Abundaron en que el proyecto de ley debe incluir reclamos básicos basados en cinco preceptos: renegociar la reestructuración de la deuda; establecer la transición a un combustible con un costo menor y más limpio; eliminación del impuesto al sol; protección de los empleados y pensiones; y bajar el costo tarifario a todos los abonados.

“Insistimos en que las consecuencias de la inacción coloca en riesgo las liquidaciones de activos de la AEE, provoca aumentos en las tarifas de energía para pagar obligaciones pre existentes, y el pago a las pensiones caería en manos de bonistas, la Junta y el Tribunal Federal. Además, los bonistas podrían lograr el nombramiento de un síndico. Otro riesgo es que el cargo fijo podría ser mayor con otros términos y condiciones, las negociaciones podrían ser en cuartos oscuros, y la carga de la demanda energética podría recaer en los abonados”, puntualizaron.