Empleados demandan impugnación de la nueva ley de Retiro
Alegan que cada uno de los demandantes empezó en el servicio público hace más de 23 años y que han aportado al sistema de retiro vigente de forma compulsoria.

Nota de archivo: esta historia fue publicada hace más de 13 años.
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Más de sesenta empleados de la Oficina del Contralor radicaron una demanda de clase en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan en la que impugnan la nueva ley de Retiro.
Los 68 demandantes, entre las edades de 44 a 57 años de edad, solicitan en el recurso de injuction preliminar y permanente, que el tribunal declare inconstitucional la nueva ley por entender que con el nuevo sistema de retiro que entra en vigor el primero de julio próximo, sufrirían una merma significativa en su pensión anticipada.
Las abogadas Judith Berkan y Mary Jo Méndez, alegan en el pleito que la nueva ley atenta contra los intereses adquiridos por los demandantes durante décadas y que éstos nunca habían estado sujetos a una imposición retroactiva de esta naturaleza.
“Cada uno de los demandantes sufrirá un daño irreparable en caso de que este Tribunal no actúe enfrentándose en este momento a dos alternativas insostenibles”, indican las abogadas en la demanda.
Sostienen que los demandantes tendrían que jubilarse antes del primero de julio de 2013 (en algunos casos antes del 31 de diciembre de 2013), varios años antes de cualificar para los beneficios del Seguro Social, con una reducción drástica de su esperada pensión y con muy pocas posibilidades de encontrar empleo o continuar laborando en el Gobierno por un período adicional de 1.5 a 17 años, con la expectativa de recibir una pensión considerablemente menor a la que le fue prometida por más de 23 años y sin plan médico.
“El daño a cada uno de los demandantes no es remoto ni es meramente especulativo”, argumentan las letradas en el recurso legal contra el Gobierno del Estado Libre Asociado (ELA).
Alegan que cada uno de los demandantes empezó en el servicio público hace más de 23 años y que han aportado al sistema de retiro vigente de forma compulsoria. Sostienen que al momento de radicar la demanda, ninguno de los suscribientes ha alcanzado ambos criterios para cualificar para la pensión por mérito, es decir, los 55 años de edad más los 30 años de servicio.
Entre los demandantes figura el sub contralor de Puerto Rico.


