El Senado comenzó a evaluar hoy un proyecto de ley que busca establecer una moratoria de cinco años en construcciones en la zona costera en Puerto Rico, en momentos en que la erosión sigue avanzando en municipios de la costa y con proyectos sobre el tapete, como el de una piscina en la zona marítimo terrestre en Rincón.

Expertos en oceanografía apoyaron la intención legislativa, aunque propusieron cambios para que la moratoria sea por un término menor y algunos abogaron por una nueva ley de costas. La medida también recibió el respaldo de la alcaldesa de Loíza, Julia Nazario, uno de los pueblos afectados por la erosión costera, mientras el secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Rafael Machargo expresó reparos. La Asociación de Constructores calificó la pieza legislativa de irrazonable, confiscatoria de propiedad privada e innecesaria.

La discusión se desarrolló en una vista pública en el Salón Leopoldo Figueroa, en el Capitolio. El proyecto de ley 143, es de la autoría de la senadora independentista María de Lourdes Santiago. Los senadores del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Ana Irma Rivera Lassén y Rafael Bernabe, se unieron como coautores.

“Entendemos que una moratoria como la propuesta, impactaría directamente los proyectos de recuperación, ya encaminados, luego de los huracanes Irma y María en municipios como Loíza, San Juan y Rincón, por mencionar algunos, así como las medidas de seguridad para proteger vidas y propiedad, dijo Machargo, quien envió una ponencia escrita. El Titular del DRNA está pendiente de una sesión de interpelación en el Senado.

La oceanógrafa geológica, geóloga y catedrática de la Escuela Graduada de Planificación del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, Maritza Barreto Orta favoreció que la moratoria sea de tres a cinco años.

Barreto dijo que la pieza legislativa provee una alternativa para reducir la exposición y vulnerabilidad de la infraestructura, servicios y población que se ubica en la franja costera. “Esto ante el embate de eventos extremos y manifestaciones de cambio climático que ya están entre nosotros”, sostuvo Barreto, quien es parte del Comité de Expertos y Asesores del Cambio Climático del Gobierno.

Barretó también recomendó aclarar varios artículos de la medida como si el uso del concepto zona costanera conlleva o implica la delimitación de la extensión de la franja a aplicar la moratoria, que además de la marejada ciclónica se incluyan las marejadas asociadas a eventos extratropicales y frentes de frío y precisar que la erosión costera no solamente impacta la vulnerabilidad física, sino también la vulnerabilidad de la infraestructura, los servicios que allí se ofrecen y la vulnerabilidad social de los que allí viven.

Otro grupo de expertos del Recinto Universitario de Mayaguez (RUM) que participó a través de la plataforma Zoom también propuso enmiendas.

Rafael Chaparro, del Programa Sea Grant dijo que una moratoria de cinco años, “es algo muy largo, que no va suceder, pues la industria de la construcción no va a avalarla”. Indicó que puede ser de un año, “pero que se planifique” y sugirió que se tome en cuenta el modelo de Hawaii.

“Lo más importantes es que las agencias encargadas de dar los permisos hagan su trabajo y tomen en consideración los deslindes, las especies en peligro de extinción como está ocurriendo en Rincón”, dijo por su parte Chaparro. Indicó que en Rincón “se han hecho excepciones”.

“No se ha logrado una ley de costas, este es el momento”, dijo por su parte el profesor de ingeniería de costas, Miguel Canals, quien dijo que habría que definir hasta dónde llegan las olas de alta peligrosidad, cómo se define esa área y cómo se va a calcular la tasa de erosión en cinco años.

“Para qué hacer una moratoria si se supone que la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) no haga este tipo de proyecto”, reclamó Canals.

“Literalmente tenemos el agua al cuello en la Isla, el gobierno federal lo que propone es tirar piedras y poco a poco vamos a reemplazar la arena por roca como está ocurriendo ahora en muchas partes en Puerto Rico”, expresó el catedrático retirado en Oceanografía física del Recinto Universitario de Mayaguez, Aurelio Mercado Irizarry.

Dijo que hay que hacer una pauta inmediata en la otorgación de permisos y en la preparación de deslindes de la zona marítimo terrestre “que no son otra cosa que una chapucería”.

“El usar la marea astronómica como criterio de deslinde del interior de la zona marítimo terrestre es un craso error en Puerto Rico, error del cual se han aprovechado muchísimos y ahora tenemos un lío de pastores que va a ser muy difícil resolver”, sostuvo Mercado Irizarry y agregó que la moratoria serviría para discutir “que podemos hacer con nuestros pedazos de costas/playas que todavía se pueden salvar para futuras generaciones”. También “hay que legislar para eliminar la corrupción y mediocridad, en nuestro sistema de permisología”, sostuvo.

El Presidente designado de la Junta de Planificación, Manuel Hidalgo Rivera apoyó la pieza legislativa, con recomendaciones, entre ellas, que la moratoria solo sea vista y tratada como una medida provisional y transitoria y que se establezcan los criterios y alcance de la moratoria, para que la misma “no sea totalmente restrictiva”.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Constructores, Alfredo Martínez Álvarez, indicó que “la forma de proteger los bienes públicos y privados en la franja de mil metros, alrededor de la Isla, que se extiende 10.35 millas mar afuera, conocida como la zona costanera, no es prohibiendo la actividad de construcción en la totalidad de la misma”.

“La penosa situación económica del País, luego del huracán María, luego de los terremotos del Día de Reyes, 2019 y su secuela, inmersos aun en la pandemia del COVID-19, el peor evento de salud pública global desde la mal llamada Gripe Española del 1918, sin hablar de la debacle fiscal en el sector público, requiere medidas que propicien el crecimiento económico. El P. del S. 43 no es una”, sostuvo.