El gobierno ha destinado $150 millones para un programa que otorgaría dinero a las personas como forma de incentivo para que regresen a trabajar en sectores como los restaurantes y bares, la agricultura, la construcción y el turismo.

El millonario programa de incentivo para retornar al trabajo fue parte de un torrente de cifra que ofreció ayer en la tarde el gobernador Pedro Pierluisi al detallar como se distribuirán los $2,470 millones que fueron asignados al gobierno de Puerto Rico como parte de la ley federal Plan de Rescate Americano (ARPA, en inglés), que también asigna otros $1,550 millones para los 78 municipios.

Según explicó el gobernador, esos fondos, que deberán ser usados en un periodo de cuatro años bajo guías y restricciones establecidas por el gobierno federal, fueron divididos en cuatro prioridades estratégicas y dos fases de implementación.

Además de los incentivos para regresar al trabajo, también se destinan fondos para reparación de carreteras, la Universidad de Puerto Rico (UPR), instituciones culturales, promoción turística, asistencia a ciudadanos y organizaciones sin fines de lucro, entre muchas otras.

“En esta etapa estaremos dando prioridad al desarrollo económico de Puerto Rico y la calidad de vida del pueblo. Hemos establecido una estrategia a largo plazo enfocada en la recuperación económica y social tras los efectos que ha dejado la pandemia en nuestra Isla. El compromiso de este gobierno es que administren estos fondos en cumplimiento con las guías federales establecidas, con transparencia y rendición de cuentas”, afirmó el gobernador.

Según la distribución que anunció el gobernador, de ese paquete de $2,470 millones, $520 millones irán a desarrollo económico para atender industrias como el turismo, así como acelerar la recuperación económica y desarrollar mano de obra; $570 millones se destinarán a mejorar la calidad de vida, para atender problemas de salud pública y apoyar a comunidades necesitadas; $600 millones irán a proyectos de infraestructura a largo plazo; y $555 para mejorar operaciones y servicios gubernamentales.

Dentro de la prioridad de desarrollo económico, están los $150 millones para incentivar el retorno al trabajo de personas desempleadas que se han acogido a programas de ayuda de desempleo por pandemia. Se dividirán en $50 millones para el sector de restaurantes y bares; $50 millones para el sector agrícola; $30 millones para el sector de la construcción; $20 para el sector turístico, incluyendo hoteles y transportistas.

Asimismo, se destinan $50 millones para promover a Puerto Rico como destino turístico que manejará la organización DMO; $20 millones para promoción de turismo interno que manejará la Compañía de Turismo; $10 millones para fomentar a Puerto Rico como centro de entretenimiento y convenciones; y $10 millones para mercadear a Puerto Rico como destino de inversión que manejará Invest Puerto Rico. De igual forma, se destinarán $30 millones para revitalizar atracciones turísticas, recursos naturales y balnearios.

En la prioridad de Calidad de Vida, se asignan $200 millones un pago “premiun” a trabajadores esenciales del sector público y privado, incluyendo $160 a trabajadores cuya labor ha sido fundamental en la lucha contra el COVID-19 (como empleados de hospitales, policías, entre otros), $20 millones para empleados del Departamento de Corrección y Rehabilitación y otros $20 para empleados del Departamento de Salud y los hospitales bajo su administración.

“Esperamos que el incentivo que reciban sea como mínimo $2,000 por empleado”, afirmó el gobernador. “Con los oficiales de custodia del Departamento (de Corrección y Rehabilitación) hay un compromiso real, moral, de parte de los funcionarios electos en Puerto Rico, de aumentarle su paga, de que tengan la misma paga que tienen los policías de Puerto Rico, porque sus labores son muy similares”.

También hay $50 millones para pago “premiun” a trabajadores de hospitales privados y CDTs; $20 millones para fortalecer la vigilancia y control de nuevas cepas y variantes del COVID-19; $1.5 millones para crear un certificado digital de vacunación; $15 millones para mejorar servicios e instalaciones de salud mental; $10 para incentivar la vacunación contra el COVID-19; $30 millones para organizaciones sin fines de lucro; $15 millones para centros de asistencia a la tercera edad; 15 millones para servicios de adopción y de familias.

En la prioridad de Proyectos de Futuro, se incluyen $276.8 millones para mejoras a instituciones educativas, específicamente dirigidas a reparar el problema estructural de columna corta; $130 millones para el Caño Martín Peña, para sistemas de acueductos y alcantarillados, revitalizar interés turístico y ayudar a la comunidad desventajada; $200 millones para el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) para mantenimiento de carreteras, $25 millones para compra de equipos y el resto para obras de mantenimiento a dividirse en partes iguales en tres años; $27.8 millones para reparaciones y mantenimiento de estaciones de bombeo de agua del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) para protección contra inundaciones; $10 millones para iniciativas de conservación ambiental y recursos naturales, incluyendo la conservación de vida silvestre y corales.

Por último, en la prioridad de Gobierno de Excelencia, se incluyen $150 millones para fortalecimiento municipal, en forma de ayuda de último recurso para gastos elegibles (disposición de desperdicios sólidos, mantenimiento de carreteras, seguridad pública, servicios a ciudadanos), a dividirse por igual en tres años; $94 millones para la UPR; $50 millones para reparación y remodelación de centros de servicios gubernamentales, así como para reubicar agencias; $50 millones para instituciones culturales, reparación de edificios de importancia histórica y asistencia a instituciones afectadas; $50 millones para rehabilitación y reparación de viviendas de familias de bajos ingresos, con los que esperan poder reparar toda vivienda con toldo azul que no haya calificado para otros programas; $25 millones para subvencionar hospitales públicos; $15 millones para asistencia legal a ciudadanos, de manera que se pueda facilitar el acceso a la justicia, mejorar el albergue de testigos y mejorar la protección a víctimas y testigos; $40 millones para necesidades elegibles de la Legislatura y la Judicatura, a razón de $10 millones para cada rama, a partes iguales por dos años.

“Como ven, hemos hecho un ejercicio concienzudo, serio, en el que estamos aprovechando estos fondos federales, cumpliendo con los reglamentos federales, pero para atender asuntos que los propios medios han cubierto consistentemente, fallas, deficiencias que tenemos en el gobierno de Puerto Rico y que hay que atender, así como necesidades, tanto de toda la clase trabajadora, particularmente los que dieron la cara, los que expusieron su vida en el medio de la pandemia, y los que los necesitamos, porque los necesitamos de vuelta en el empleo”, afirmó Pierluisi.