En los pasados cinco meses unas 2,174 personas han sido multadas en Puerto Rico por no cumplir con la orden de llevar puestas mascarillas -uno de los métodos de prevención impuestos por decreto en el gobierno para contener los casos de COVID-19-, y del total de sanciones el Departamento de Hacienda ha cobrado unas 540 que totalizan un recaudo de $100,100.

Considerando que cada multa por uso indebido o la falta de utilización de mascarillas impuestas en las ordenes ejecutivas del gobierno es de $100, el total de multas impuestas hasta el 26 de enero es de $217,400.

Los datos fueron provistos a petición de Primera Hora por el personal del Negociado de la Policía, agencia encargada de emitir las multas; y por el Departamento de Hacienda, agencia que cobra las penalidades a través de las colecturías localizadas alrededor de la isla.

En cambio, Eva Lizardi, oficial de prensa y comunicaciones de Hacienda explicó “que otras multas podrían haber sido pagadas a través del portal del Departamento de Salud”.

El total de $100,100 dólares recaudados a través de los pagos emitidos por ciudadanos que fueron multados es un monto acumulado desde el 9 de septiembre, fecha en que entró en vigor la orden que dispone que no se permitirán desfiles, caravanas, actividades analógas que promuevan el agloramiento de personas y en la que se estipula el uso obligatorio de mascarillas.

De los pagos emitidos $37,700 se efectuaron en el distrito de Humacao, $16,000 en Bayamón, $14,100 en Ponce, $10,400 en Mayagüez, $10,000 en Arecibo, $7,400 en Caguas y $4,300 en San Juan. Unos $200 corresponden a acreditación de pagos.

De otra parte, Hacienda informó que de los 217 negocios multados por violaciones a la orden ejecutiva -incluyendo no imponer a sus clientes el uso de mascarillas- unos 75 han pagado sus penalidades. El monto total recaudado en este renglón es de $43,400. Son las regiones de Bayamón, Arecibo y Caguas donde más negociantes han acudido a emitir los pagos de multas administrativas.

Anteriormente, el director de la Oficina de Investigaciones del Departamento de Salud, Jesús Hernández, explicó a este diario que el dinero recaudado a través de las multas se invertiría en la misma iniciativa. “Para mandar a hacer las libretas de boletos, entre otras cosas”, sostuvo.

El ordenamiento está cubierto en el Reglamento 9210 que fue firmado por el exsecretario de Salud, Lorenzo González, el 21 de agosto de 2020, pero que entró en función entre la primera y segunda semana de septiembre, pues hubo que afinar unos aspectos legales sobre el procesamiento de las multas y la emisión de pagos.

El reglamento impone que toda persona que incumpla con las medidas requeridas -incluido el uso de mascarillas en espacios libres o cerrados- incurrirá en una falta administrativa y será sancionado con una multa de $100. En caso de no pagar la penalidad en un periodo de 72 horas, el monto aumenta a $200. Asimismo, los comercios que promuevan la aglomeración de personas recibirán multas de $500.

Hernández sostuvo la semana pasada que mediante las inspecciones que realiza el Departamento de Salud se ha observado mayor cooperación de la ciudadanía respecto a la utilización del cubrebocas y nariz.

“Es un porcentaje bien mínimo el que no lo está utilizando”, sostuvo al explicar que la mayoría de las infracciones ocurren en negocios donde tampoco se cumple con la directriz de mantener distanciamiento físico y evitar aglomeraciones.

Puntualizó que sobre el uso de mascarillas también son orientados los turistas que arriban al aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín.

“Muchos llegan sin ella puesta y el personal que hay ubicado en el aeropuerto los orienta”, indicó.

Manifestó que las estrategias de intervención continuarán mientras el país esté en emergencia por COVID-19.