La Cámara de Representantes aprobó hoy, en votación unánime, una resolución que obliga al Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP)a realizar un inventario de todas las obras de arte, murales, pinturas y esculturas situadas en edificios del gobierno central, corporaciones públicas, municipios o entidades privadas que posean algún inmueble gubernamental.

El inventario debe ser completado en 60 días.

La medida, de los representantes Denis Márquez Lebrón, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), y del novoprogresista Guillermo Miranda, quien se unió como coautor, también busca garantizar la custodia, permanencia y protección de las obras de arte que se encuentran en escuelas públicas que están cerradas de forma temporera o permanente.

La medida fue radicada el 16 de abril de 2018 en medio de denuncias de Márquez Lebrón sobre la mutilación de un mural del artista José Antonio Torres Martinó en la escuela Julia de Burgos en Carolina, plantel que el gobierno le había alquilado a una entidad privada.

“Esta denuncia provocó un proceso investigativo, pero, sobre todo, luego de reuniones, el ICP, no tenía un inventario de las obras de arte. Nadie conocía el inventario de obras incluso en escuelas cerradas. Incluso, de nuestra investigación hemos descubierto que se han desaparecido y destruido obras de arte importantes en edificios públicos y escuelas públicas”, dijo Márquez Lebrón, en un turno en el hemiciclo.

La medida indica también en su exposición de motivos que otros maestros y artistas han hecho obras en escuelas como Epifanio Irizarry en la Escuela Francisco Zayas Santana en Villalba, Augusto Marín en la Escuela Juan Ramón Jiménez en Bayamón, Julio Rosado del Valle en la Escuela Einstein de Santurce y Rafael Tufiño, en la Escuela Ramón Power y Giralt en las Piedras. Menciona, además, varios bustos y monumentos en otros planteles escolares.