La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) reiteró esta mañana, durante la celebración de su 33ra reunión pública, que espera completar este año la restructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y, aunque su preferencia es que se haga con el respaldo de la Legislatura, si no lo consiguen comoquiera seguirán adelante con ese proceso.

La reunión sirvió además para presentar el presupuesto emendado del gobierno para el año fiscal 2022, y el plan fiscal para el 2022 de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), que contiene aumentos en los peajes de las autopistas.

Según explicó el presidente de la JSF, David Skeel, el presupuesto del año fiscal 2022 se actualizó para reflejar la confirmación del Plan de Ajuste de la Deuda (PAD), que “provee el marco para reducir significativamente la deuda de Puerto Rico, preservar y proteger las pensiones y abrir la ruta para que Puerto Rico salga de la bancarrota”.

La actualización del presupuesto “mueve a Puerto Rico hacia la sostenibilidad”, insistió Skeel.

Según la presentación que se ofreció, el presupuesto del fondo general del gobierno para el año fiscal 2022, ahora de $12,500 millones, fue enmendado para autorizar unos $11,000 millones en pagos a acreedores por acuerdos alcanzados bajo el PAD, y para incluir aumentos de gastos que reflejan la actualización del recién certificado Plan Fiscal.

La actualización también refleja las nuevas proyecciones de aumento en ingresos, acorde con tendencias económicas más optimistas. Se espera que los ingresos del gobierno crezcan en unos $1,000 millones.

Los aumentos de fondos van destinados a operaciones de agencias, incentivos de desarrollo económico y otras prioridades del gobierno. Asimismo, la actualización contiene una aportación de $1,400 millones al Fideicomiso de Pensiones, para cubrir las obligaciones de pensiones de retirados actuales y futuros.

El pago de casi $11,000 millones a acreedores por los acuerdos bajo el PAD, sale del dinero acumulado en años anteriores, según dispone ese plan.

Por otro lado, según la presentación del plan fiscal de la ACT, este plan coloca a la agencia “mucho más cerca de salir de la bancarrota”, al mismo tiempo que provee “cifras históricas para inversiones capitales en el sistema de transportación de la Isla”.

El plan contiene una reforma de la agencia para poder ofrecer servicios más efectivos, eficientes, a tiempo y dentro de su presupuesto.

Las mejoras al sistema de transportación, incluyendo las mejoras a carreteras y puentes, serán impulsadas por un financiamiento federal sin precedentes de $6,300 millones. ACT podría solicitar otras partidas millonarias adicionales en fondos federales para desarrollar su infraestructura.

El plan incluye aumentos en la tarifa de peajes durante tres años, así como cambios el sistema de peajes para aumentar las multas a violadores, e incentivar a los cumplidores.

El plan aclara que hay espacio para revisión de estas medidas, incluyendo el alza de peajes, si se identifican alternativas que consigan los ingresos esperados.

El gobernador Pedro Pierluisi abogó por no aumentar los peajes, y aseguró que se puede lograr los ingresos proyectados con otras medidas.

Tras alabar la aprobación del PAD, el plan fiscal enmendado y el presupuesto actualizado, así como las medidas incluidas en favor de servidores públicos y pensionados y otras solicitudes del gobierno, el gobernador afirmó que, según el estudio que habían sometido a la Junta, tomando en cuenta estudios y la opinión de expertos, “el aumento de 8.3% en la tarifa de los peajes, no es necesario, pues las proyecciones actualizadas de ingresos, que incluyen el resultado del estudio independiente y las medidas de optimización de peajes adicionales, proveen más ingresos”.

El gobernador agregó que ya la gente en Puerto Rico paga “el tercer impuesto más alto a la gasolina entre todas las jurisdicciones de los Estados Unidos, y el gasto promedio de peaje por milla es más alto que el 83% de las demás jurisdicciones ajustado a los ingresos”, y reclamó prudencia antes de adoptar cualquier aumento.

Pierluisi aseguró que, aunque tiene diferencias de opiniones en ciertas medidas, su administración tiene los mismos objetivos estratégicos que la Junta en favor de Puerto Rico.

“Si podemos lograr resultados similares sin la necesidad de imponer aumentos marcados en los peajes, la lógica y el deber exigen que la Junta y el gobierno exploremos esas alternativas”, insistió Pierluisi.

Durante el turno de preguntas, Justin Peterson abordó el acuerdo de restructuración de la deuda (RSA, en inglés) de la AEE, resaltando que “abre la ruta para sacar a la AEE, logrando una reducción de la deuda de 32% y asegurando muchos otros beneficios para los consumidores”.

Lamentó además que hubiera grupos obstaculizando ese proceso con “propaganda y noticias falsas sobre un impuesto al sol”, que en realidad se interponen a poder tener “una AEE con energía más limpia, confiable y asequible”.

Peterson urgió a la Legislatura a adoptar el RSA de la AEE, y afirmó que, si no lo hacen comoquiera seguirán adelante con la restructuración, aunque en ese caso sería más costosa.

Sin embargo, el gobernador sostuvo que ese RSA debe ser revisado y ajustado a las nuevas proyecciones económicas más positivas y las proyecciones de más consumo, entre otras cosas con el proyectado aumento de uso de vehículos eléctricos. Asimismo, se expresó en contra de que “se imponga un cargo a cualquier residente o consumidor de la AEE por la generación propia, ya sea solar o de otra índole”, aunque sí cree que “hay que pagar por estar conectado” a la red eléctrica de la AEE.

A preguntas de la prensa, sobre si había disposición de la JSF para reevaluar el plan de la ACT y eliminar los aumentos de peajes, si en efecto se podían sustituir los aumentos en ingresos, el presidente Skeel respondió que “sí. Pero lo que se haga tiene que ser consistente con el plan fiscal”.

“Si hay formas diferentes de aumentar los ingresos que sean diferentes a las que proponemos en el plan fiscal, las atendemos. Lo que no vamos a hacer es atender ideas que sean simplemente reducir los ingresos sin reducir gastos. Pero sí, consideraremos todas las alternativas”, comentó Skeel.

Por otro lado, la JSF no se mostró inclinada a considerar cambios al acuerdo de restructuración de la deuda (RSA, en inglés) de la AEE.

Según Skeel, el acuerdo de restructuración “tiene grandes ventajas para Puerto Rico”, porque “reduce riesgos, reduce el posible cargo de transición”.

“Hemos presentado a la Legislatura lo que necesitan aprobar para que el RSA funcione. Y les hemos pedido que aprueben la legislación que haga esto posible. Ahí es donde estamos en estos momentos. Si no lo hacen, consideraremos otras alternativas. Vamos a restructurar la deuda de la AEE. Pero la mejor manera de hacerlo es a través del RSA”, insistió Skeel.

Medina agregó que el RSA “provee un acuerdo sumamente beneficioso para los consumidores de Puerto Rico, y entendemos que cualquier otro acuerdo probablemente va a ser más caro”.

Skeel añadió que no cree que haya espacio para negociar cambios en el RSA, de manera que la Legislatura lo aprueba. “O lo aprueban, o no. Por eso les estamos pidiendo que lo aprueban. Si no lo hacen, volvemos a empezar de cero. Habría que negociar con bonistas, con otras partes, es probable que tengamos que demandar algunas partes de alguna manera, pero vamos a seguir adelante. Así que solo hay dos caminos, o la Legislatura aprueba legislación para facilitar el RSA, o volvemos al principio, pero vamos a seguir adelante”.