Varias organizaciones que defienden derechos de la mujer y la comunidad LGBTTIQ, así como la Oficina de la Procuradora de la Mujer (OPM), respaldaron hoy durante vistas públicas el Proyecto del Senado 130 que busca enmendar el Código Penal de para el feminicidio y el transfeminicidio como conductas que constituyen el delito de asesinato en primer grado, aunque la medida encontró reparos de en el lenguaje legal de parte del Departamento de Justicia.

La medida también contó con un respaldo general de las senadoras y senadores del Partido Popular Democrático (PPD), el Partido Nuevo Progresista (PNP), el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC). Sin embargo, hubo reparos de parte de la senadora Joanne Rodríguez Veve, del partido Proyecto Dignidad, aunque fue enfática en que sus objeciones tenían que ver con asuntos legales y no con temas ideológicos o convicciones personales.

Además de establecer como asesinato en primer grado el feminicidio y el transfeminicidio, así como una serie de circunstancias para que el crimen se considere como feminicidio o transfeminicidio, la medida ordena que todas las agencias e instrumentalidades del gobierno lleven registros o estadísticas de dichos casos bajo los términos de feminicidio o transfeminicidio.

De igual forma, ordena a la Policía, en conjunto con el Departamento de Justicia y el Instituto de Ciencias Forenses, desarrollar un protocolo de investigación para los feminicidios y transfeminicidios.

Sin embargo, el Departamento de Justicia, a través del fiscal José Iván Carrasquillo, sostuvo que el proyecto “adolece de vicios de inconstitucionalidad”, que podrían afectar adversamente el procesamiento de los casos.

“Identificamos defectos legales que nos impiden avalar esta propuesta legislativa según está redactada”, sostuvo el fiscal.

Al entrar en detalles señaló que la medida podría levantar un argumento de violación de igual protección de las leyes al crear “categorías sospechosas”.

“¿Qué va a pasar? Que esto va a ser impugnado. Lo sabemos. Algún acusado va a decir, usted me acusa de eso, y viola la igual protección de leyes, porque establece una clasificación sospechosa”, comentó, agregando que en ese caso se activaría un proceso de escrutinio estricto en el que el estado tendría que defender esa categoría ante los tribunales.

El fiscal señaló además, ocho incisos en los que sostuvo había problemas en el lenguaje, como situaciones de “vaguedad”, que podría traer problemas en el procesamiento de casos.

No obstante, al responder a preguntas de las legisladoras, el fiscal explicó que no se estaban oponiendo al proyecto, sino señalando unos temas legales específicos que consideraban debían corregirse, y para los cuales Justicia incluso había sometido recomendaciones.

“No nos oponemos al proyecto. Por eso damos recomendaciones. Pero sí estamos alertando que hay que trabajarlo para que no sea atacado. Se trata de atender los asuntos de vaguedad o amplitud excesiva, y el asunto de igual protección de leyes”, indicó Carrasquillo, insistiendo en que la legislatura podía “mejorar” el proyecto.

En contraste, la medida fue avalada y celebrada por deponentes que se expresaron a nombre del Observatorio de Equidad de Género de Puerto Rico, el Comité Amplio para la Búsqueda de Equidad (CABE) y el Proyecto Matria, Inc. Esos grupos destacaron el aumento que viene experimentando Puerto Rico en feminicidios y transfeminicidios por los últimos años, así como la falta de estadísticas claras al respecto, e hicieron recomendaciones para mejorar o ampliar el alcance de la medida.

Entre otras propuestas, el Observatorio sugirió que se incluso cuerpos que no presenten señales de violencia o tenga apariencia de suicidio sean vistos en principio como feminicidios y transfeminicidios hasta que se pruebe lo contrario, mientras que CABE insistió en la necesidad de capacitar a los funcionarios de las agencias de ley y orden para logra la aplicación efectiva de las medidas que se adopten.