El fallecimiento de un joven confinado la semana pasada en una cárcel de Bayamón provoca denuncias de la comunidad penal, ante alegadas violaciones de derechos humanos por falta de acceso inmediato a servicios de salud en situaciones de emergencia.

Así lo comunicó a Primera Hora un reo de la institución 501 en Bayamón, donde estaba ingresado Darwin Sosa Pérez, quien falleció en medio de circunstancias que aun están bajo evaluación del Negociado de Ciencias Forenses (NCF).

El miembro de la institución relató a este diario que la muerte de Darwin -quien tenía 29 años y estaba próximo a cumplir su sentencia- pudo haber ocurrido a causa de una negligencia por parte de las autoridades correccionales quienes supuestamente ignoraron las súplicas de auxilio que se pidieron durante varios días cuando el joven comenzó a sentirse mal.

“Él recibió la segunda vacuna de coronavirus (a principio de mes) y empezó a echar pa’ tras, pa’ tras y pa’ tras… casi no quería comer y se sentía bien mal. Se le dijo al comandante Miguel Cabán Rosado para que lo llevara a emergencias o hicieran algo y no fue hasta días después-porque prácticamente se desmayó- que se lo llevaron y lo dejaron en admisiones”, expresó la fuente.

Narró que, posteriormente, supieron que su compañero había fallecido pues un oficial fue a recoger todas sus pertenencias a su celda.

“Su misma familia puede confirmar que nosotros fuimos los que les notificamos que Darwin había muerto porque el Departamento de Corrección nunca avisó… créeme que esos padres no lo sabían. Nosotros no encontrábamos ni cómo decírselo”, alegó al sugerir a los parientes que indaguen sobre todo lo ocurrido y confirmen el relato.

“Entendemos que estamos sufriendo atropellos…situaciones como estas pueden volver a ocurrir. Desde que comenzó la pandemia los servicios de salud y salud mental no se están dando como deben… aquí hay gente con hepatitis, SIDA y cáncer que necesitan sus tratamientos y no lo reciben correctamente”, agregó el confinado que dijo hablar a nombre de la comunidad penal que se encuentra ingresada en la institución 501 de Bayamón.

Así mismo instó a la secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Ana Escobar Pabón, a que visite el lugar y sostenga una reunión con los reos.

“Entiendo que la secretaria no sabe todo lo que está ocurriendo porque le están mintiendo… que venga y vea con sus propios ojos lo que estamos viviendo”, subrayó el confidente.

Reacciona la secretaria de Corrección

A raíz de la denuncia, Primera Hora conversó con la secretaria del DCR, quien al saber la incomodidad de los padres de Darwin y de la comunidad poblacional solicitó una investitagación administrativa.

“Sinceramente, lamentamos lo ocurrido y mostramos nuestro respeto hacia la familia que se encuentra en esta situación tan difícil de manejar para unos padres… somos empáticos en el dolor que deben estar sintiendo en este momento”, dijo Escobar Pabón.

Prosiguió indicando que la investigación preliminar sobre el incidente con Darwin señala que los servicios médicos fueron solicitados por el muchacho el día 9 de febrero. “Se fue caminando”, indicó la secretaria sobre el día que lo llevaron al Centro Médico Correccional, una institución clínica que queda aledaña a la cárcel.

Allí un médico estabilizó al paciente y el día 10 de febrero recomendó su traslado al Hospital Regional de Bayamón, donde tuvo que ser entubado ante el cuadro médico que presentaba.

“Lamentablemente, fallece el día 10 en la noche… a eso de las 10:00 de la noche”, indicó la funcionaria al agregar que al día siguiente, a las 8:55 de la mañana, una técnica sociopenal del DCR llamó a los familiares para notificar lo ocurrido.

Cuestionada sobre el hecho de por qué esa llamada no se produjo antes, por ejemplo, cuando Darwin fue llevado a Salud Correccional, indicó que el protocolo en estos casos dicta que las notificaciones se hacen una vez el confinado es hospitalizado. Reiteró que el proceso de entubación y posterior muerte del reo ocurrió “rápido”.

Aun así subrayó que se profundizará en el proceso de investigación, sobretodo, por el señalamiento que hicieron los miembros de la población penal a este diario respecto a un retraso en atender la emergencia. Indicó que si se demuestra algún tipo de negligencia se adjudicarán responsabilidades.

Indicó que el tema de la salud es parte de la prioridad en su agenda. De hecho, dijo que el pasado viernes sostuvo una reunión con el personal de Physician Correctional, quienes administran los servicios de salud correccional. En el cónclave participaron también los epidemiólogos del Departamento de Salud, Encijar Hassan y Jesse Vázquez.

Entre las atenciones inmediatas por parte de la agencia se destaca revisar los protocolos actuales de COVID-19, los cuales fueron enmendados en septiembre de 2020. “Este mes próximo debe estar el nuevo protocolo conforme a las regulaciones del CDC (Centros para el Control y Prevenciones de Enfermedades) y a las del Departamento de Salud”, dijo Escobar Aponte al defender que se requiere más flexibilidad para que la población pueda reanudar algunas actividades y recibir visitas de familiares.

En cuanto a los servicios de salud mental y los que ofrece Physician Correctional -cuyo contrato vence en 2022- se delegó a la compañía de servicios de monitoría HealthcareMD Strat-e-gy vigilar que se esté cumpliendo con lo estipulado en los contratos.

“Si hay que hacer cambios en esos contratos y servicios que se ofrecen hoy día, se harán”, dijo sobre el monitoreo que llevará a cabo el licenciado Ramón Alejandro, administrador del sistema de hospitales.

De igual forma, se comprometió en visitar todas las instituciones correccionales, una iniciativa que pondrá en marcha próximamente.

“Visitaré las facilidades y quiero mantener comunicación con la población como lo hemos hecho en tiempos anteriores”, reiteró.