La Legislatura Municipal de San Juan pasará juicio esta tarde sobre una ordenanza que busca que los agentes de la Policía Municipal no intervengan criminalmente con aquellas personas que poseen una onza o menos de marihuana. 

El presidente del cuerpo, Marcos Rigau, indicó que, hasta el momento, dos legisladores se oponen a la medida. Por ello, cree que la misma será aprobada y recibiría la firma de la alcaldesa Carmen Yulín Cruz Soto para entrar en vigor de forma inmediata.

Específicamente, el Proyecto de Ordenanza número 14, Serie 2018-2019, establece que “la Policía Municipal referirá a la Policía estatal todo caso donde una persona posea, para consumo propio, una onza o menos de cannabis, cualquiera de sus derivados o parafernalia”, siempre que no exista venta.

Ayer, durante la única vista pública que se realizó para analizar la medida, el comisionado de la Policía y Seguridad Pública, el coronel José Luis Caldero, y otros funcionarios de la administración de Cruz Soto le dieron el aval a la propuesta. 

“El contexto histórico en el que nos encontramos requiere asumir una postura de vanguardia y reenfocar los esfuerzos y recursos del estado en la implementación de medidas que, aunque en nuestra realidad social puedan parecer innovadoras, no lo son para el resto del mundo. Y es que, a nivel mundial, la gran mayoría de los países han adoptado legislación para legalizar de algún modo o descriminalizar el uso y posesión del cannabis”, afirmó durante su ponencia. 

La única duda que expresaron los legisladores municipales fue sobre la opinión que tenía la Policía estatal sobre las acciones que ahora tomarán los agentes municipales. Caldero aceptó que no había conversado con el comisionado de la Policía, Henry Escalera.

En unas expresiones escritas a Primera Hora, Escalera indicó que “el Negociado de la Policía como entidad de ley y orden está llamada a intervenir ante cualquier acto fuera del marco de la Ley. Las sustancias controladas, su consumo, venta y cualquier acto relacionado con ellas, según las leyes que prevalecen son ilegales y el Negociado tiene el deber de intervenir con toda persona que en cualquier instancia cometa el delito”.