Sigue “el dime y te digo” entre los miembros del Tribunal Supremo y el gobernador Alejandro García Padilla.

Ayer, el juez asociado del Supremo Rafael Martínez Torres dijo que se sintió aludido cuando García Padilla expresó que el Supremo es un enemigo interior del país, pero que él “toma las cosas según de dónde vienen”.

¿Qué quiere decir eso?

“Eso quiere decir, eso”, sostuvo el magistrado previo al inicio de un conversatorio entre los ex gobernadores Rafael Hernández Colón y Carlos Romero Barceló que auspició la Federal Bar Association.

De las declaraciones hechas por Martínez Torres, también se desprende que la suerte de cualquier legislación que pretenda revertir la determinación del Supremo de no dejarse quitar competencias –como la de asumir jurisdicción en casos en primera instancia– está echada.

Sobre la posibilidad de que se inicie un diálogo entre las tres ramas de gobierno en torno a un nuevo proyecto de ley sobre el asunto, el magistrado dijo: “Lo que pasa es que, si es el mismo tema, ya las posiciones se saben”.

“La legislación siempre se tiene que atemperar a la Constitución, según la interpretan los tribunales”, recalcó Martínez Torres.

¿La determinación que ustedes tomaron debe ser guía para modificar la legislación (la Ley 18 declarada inconstitucional)?

“Ellos (los legisladores y el gobernador) decidirán eso... (pero) para que cualquier decisión sea válida, tiene que cumplir con la Constitución según interpretada”, dijo.

El juez asociado Edgardo Rivera García acotó que él “jamás” sería enemigo de Puerto Rico.

Rivera García insistió en que los jueces del Supremo “han mantenido el respeto y la deferencia a los demás organismos constitucionales” durante la controversia.

Mientras, el ex gobernador Carlos Romero Barceló acusó ayer a los líderes populares de “no acostumbrarse a que el Supremo resuelva casos contra ellos”.

Romero Barceló se expresó indignado con las expresiones de García Padilla. “Es la falta de respeto más grande que un gobernador haya hecho aquí contra el Supremo”, dijo.

Sostuvo que, siendo gobernador, García Padilla “no puede hacer una declaración como esa” (declarar enemigos a los jueces).

Sin ambiente el status

Por otro lado, en el conversatorio, Hernández Colón y Romero Barceló coincidieron en que ni en Puerto Rico ni en Estados Unidos hay la fuerza política que se necesita para lograr cambios en el status político de la Isla.

Romero Barceló planteó que la estadidad hay que exigirla como un derecho democrático, que hay que decirle a Estados Unidos que si no se las concede a los puertorriqueños sería discriminar contra ellos.

El planteamiento democrático, Hernández Colón se lo rebatió señalando que el problema de la Isla es de desarrollo y que los puertorriqueños no podrían vivir con la carga de la imposición de las contribuciones federales que conlleva la anexión.

El líder estadista –que en esta ocasión estuvo más ágil que su contendor de décadas– insistió en que la soberanía tiene que residir en el pueblo, que los boricuas tienen que poder votar por el presidente de Estados Unidos y sus congresistas.

Esbozó también una idea novel: que Estados Unidos pague la deuda de Puerto Rico o que por lo menos garantice su pago. La Isla contribuiría con su parte contributiva respecto a Estados Unidos.