“El Tribunal Supremo va a decidir lo que decida, una institución popular- penepé va a decidir quién va a ser el próximo gobernador de Puerto Rico, pero eso es pa’ pasao’ mañana y nosotros estamos pensando en la semana que viene, en la otra y la otra y en el futuro de Puerto Rico. Ya maduró la fruta”, dijo al anunciar una propuesta para atender de forma prospectiva la crisis de gobernanza con tres enmiendas constitucionales y una convocatoria a una asamblea nacional de pueblo con miras a redactar una nueva Constitución.

“Nosotros lo que pretendemos con estos proyectos es que independientemente de cuál sea el propósito urdido desde Washington que sea el pueblo puertorriqueño el que decida él mismo, mediante una votación directa lo más pronto posible que se va a convocar usando su soberanía, pero no tengo la menor duda de que Estados Unidos tiene el brazo metido hasta acá arriba”, sostuvo Berríos Martínez en una conferencia de prensa a la cúpula del PIP.

“Esto está en el mundo entero rebotando y somos ejemplo para el mundo entero de un pueblo que despertó y que está exigiendo sus derechos. Ahora, es cuestión de canalizarlos, de establecer un procedimiento para hacer valer la voluntad del pueblo. ¿Cuál voluntad al final?, la que el pueblo decida que es su voluntad. A eso no debemos tenerle ningún miedo, pero que el pueblo haga su decisión sobre la base de unas alternativas reales, no de mitos, de mentiras engaños y mucho menos de persecución”, sostuvo el veterano líder independentista.

“Ustedes saben por mi historia hasta donde yo estoy dispuesto a llegar, pero no soy amigo de decir estoy dispuesto a llegar hasta el infinito, sino que cuando surja la ocasión, decirlo y hacerlo, estoy seguro que esa es la actitud de muchos puertorriqueños de todas las ideología de echar hacia adelante y el pueblo ya ha empezado a hacerlo”, dijo al ser preguntado si volvería a la desobediencia civil como hizo en Vieques, en la lucha por sacar a la Marina de Guerra.

Agregó que la inmensa mayoría del pueblo ya “no tiene los falsos temores” que se le inyectaron durante tanto tiempo.

Sobre la propuesta pipiola, Berríos Martínez dijo que “está sujeta a enmiendas y modificaciones” y sostuvo que “lo que falta es voluntad política, no del pueblo que la expresó, sino del liderato popular y penepé”. 

Como primer punto en agenda, la propuesta sugiere presentar al electorado tres enmiendas “de emergencia” a la Constitución de Puerto Rico para que entren en vigor en las elecciones de 2020: una elección especial abierta para elegir un nuevo gobernador cuando ocurra una vacante permanente en el cargo, autorizar un referéndum revocatorio para que el pueblo pueda destituir a un gobernador y disponer de una segunda vuelta electoral entre los dos candidatos con mayor número de votos cuando ninguno de ellos obtuvo más del 50% de los votos. 

La segunda parte de la propuesta incluye la convocatoria de una asamblea nacional, denominada Asamblea para un Nuevo Puerto Rico (ANPuR) que tendría la encomienda de redactar una nueva Constitución para el Puerto Rico del futuro que emane del poder soberano del pueblo, así como, elaborar propuestas no coloniales y no territoriales para una nueva relación política entre Puerto Rico y Estados Unidos. Éstas, serían presentadas y negociadas en el Congreso federal, antes de someterlas a votación al pueblo puertorriqueño.

La votación sobre ambas proposiciones deberá celebrarse antes de que termine el 2019 o más tardar a principios de 2020, dijo la vicepresidenta y comisionada electoral del PIP, María de Lourdes Santiago y para viabilizar la oferta, anunció que los legisladores, Juan Dalmau, en el Senado y Denis Márquez, en la Cámara, radicaron hoy mismo dos medidas en ambas cámaras legislativas.   

“Esa toma de la calle por el pueblo puertorriqueño tuvo como causa inmediata la indignación que despertó el contenido del chat en el que participaron Ricardo Rosselló y sus allegados, pero desde bien temprano en el proceso se vio que los reclamos iban mucho más allá de desplazar a una figura en particular”, dijo la exsenadora.

El exsenador Fernando Martin dijo por su parte, que la propuesta del PIP no contiene “nada exótico” y toca asuntos sobre los cuales “hay o debería haber un consenso” entre la gran mayoría de los puertorriqueños.

“A la luz de lo que hemos no es deseable que la Constitución tenga esa alternativa. No es deseable que si en algún momento hay una vacante en la gobernación haya un mecanismo que no sea este proceso bizantino de que podemos acabar por el secretario de agricultura de gobernador para que se haga lo sensato que es una elección especial y abierta”, sostuvo el profesor retirado de la Escuela de Derecho de la UPR.

“No veo nada exótico en esta agenda, lo que sí veo, es que estamos atascados en pantano de lloriqueos, de lamentaciones y de chismes políticos”, agregó Martín, mientras el constitucionalista, Arturo Gorrin Peralta dijo que la propuesta trata de integrar “la necesidad inmediata de enmendar la Constitución en unos asuntos que el pueblo está clamando a gritos”.

La vicepresidenta del PIP dijo también, que “las aspiraciones del pueblo que se ha lanzado a la calle no caben en la Constitución del Estado Libre Asociado (ELA), que no permite se sometan más tres enmiendas a consideración del pueblo en cada votación y que impide además, que se reúna una convención constituyente, cuyas deliberaciones resulten en una propuesta para alterar la condición de inferioridad política entre Puerto Rico y los Estados Unidos”.

Agregó que ante esa situación, la propuesta del PIP busca viabilizar el ejercicio de la voluntad soberana del pueblo de Puerto Rico a través de una asamblea de pueblo para la amplitud, representatividad e inclusión de todos los sectores, alejado del control de los partidos políticos”.

Para las deliberaciones de la asamblea, dijo que el PIP sugiere “sin que ello constituya una limitación”,   una reforma gubernamental que contemple las enmiendas propuestas al proceso de elección del Primer Ejecutivo,  financiamiento público y período limitado de las campañas políticas,  una asamblea unicameral, nombramientos a la Rama Judicial mediante un proceso de carrera judicial, paridad de género en puestos gubernamentales, acceso libre a la información pública y a la documentación y contratos del gobierno, así como, ampliación de las facultades la Oficina del Contralor para iniciar encausamientos criminales. 

Además indicó que deben considerarse, la protección del patrimonio puertorriqueño a través de la eliminación de la prelación del pago de la deuda pública sobre los gastos para servicios esenciales, auditoría continua de la deuda que se emita, evitar la privatización de servicios esenciales y la ampliación de la Ley de 500 acres para evitar el uso de tierra en grandes amplitudes para experimentación y desarrollo de semillas transgénicas.

Santiago agregó que la propuesta pipiola también busca que se revise de la Carta de Derechos, la eliminación de reformas laborales, equidad para las comunidades LGBTTIQ y que se preserve el carácter público y accesible e la Universidad de Puerto Rico, que se amplíe la participación electoral, permitiendo coaliciones y candidaturas coligadas, protección de los recursos naturales, considerando el cambio climático y la neutralidad de la red cibernética.