Miembros de la Coalición Amplia de Diversidad Funcional por la Igualdad (Cadfi) denunciaron este lunes a través de una conferencia virtual lo que describieron como intentos para aprobar en la Cámara de Representantes dos proyectos de ley que, aunque se presentan como beneficiosos, no aportan al bienestar de la comunidad con diversidad funcional.

Asimismo, el grupo denunció la falta de atención durante la pandemia del Covid-19 a esa comunidad, que según los más recientes estimados del Censo incluye a unas 700,000 personas.

Denunciaron además que el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) no haya reiniciado el servicio de recogido y transportación de pasajeros conocido como Llame y Viaje, que utilizan muchas personas con diversidad funcional, y en muchos casos es prácticamente su única alternativa de transporte porque son vehículos que cuentan con rampas móviles.

Según explicó Mirta Colón, secretaria de Cadfi, el representante Nestor Alonso ha continuado con sus esfuerzos para que se apruebe el Proyecto de la Cámara 2301, que busca derogar la Ley 158 del 2015, que creo la Defensoría de las Personas con Impedimentos, y devolverla “a un sistema que no funcionó y por eso cayó en sindicatura y tiene serios señalamientos federales poniendo en riesgo los fondos”, que sería el de una procuradoría.

Colón explicó que el PC 2301, además, supone una carga económica adicional al gobierno y el pueblo en momentos de crisis, al proponer la creación de una figura de procurador, nombrado a 10 años y con un sueldo que podría llegar a los $120,000 anuales, además de crear otra figura que no existe al momento que la del procurador auxiliar.

Según Colón, el PC 2301 “no cumple con el requerimiento federal de mantener la independencia de la Defensoría de las personas con impedimentos”.

Por otro lado, el PC 2345, asevera la activista, “nos resta derechos adquiridos a través de los años, derogando la Ley 238, que la ley más abarcadora y completa que tenemos para mejorar nuestra calidad de vida”.

El PC 2345 organiza varias leyes ya existentes a manera de compendio en un solo documento, “acción que entendemos es totalmente innecesaria”. También crea la figura del patrimonio protegido, asunto que consideran debe trabajarse con un abogado de confianza de la familia, tal como se hace actualmente y sin que se necesite legislación.

Pese a la oposición de Cadfi, cuyos miembros fueron incluso a protestar frente al Capitolio a pesar de las limitaciones de muchos de ellos, denuncian que “el pasado jueves 21 de mayo, sin llevar a vistas públicas, sin considerar la opinión de nuestra población, aprovechándose de que el pueblo se encuentra en sus casas protegiendo sus vidas”, intentaron aprobarlo en la Cámara, aunque sin éxito.

“Concluimos que Puerto Rico está sobrelegislado a nivel federal y estatal, por consiguiente, el proyecto no añade legislación distinta a la ya establecida. En síntesis, el énfasis y los esfuerzos gubernamentales, al igual que los recursos del pueblo de Puerto Rico deben estar dirigidos a la fiscalización de la implantación de la amplia legislación existente”, agregó la activista.

María del Carmen Rodríguez Morales, especialista en inclusión y accesibilidad, condenó que “tenemos muchísimas leyes” nivel federal y estatal, como la ADA (Ley para los Estadounidenses con Discapacidades), que tienen décadas de existencia y cobijan los derechos de las personas con impedimentos, discapacidades y diversidad funcional, y sin embargo “a estas alturas, al salir a hacer nuestras gestiones, que son principales y todos necesitamos hacer, siguen violentándonos nuestros derechos”.

“No necesitamos más leyes, necesitamos acción y fiscalización. Y este es principalmente el mensaje que queremos llevar. E igualmente, pieza clave, escuchar a la población que es la afectada, que tiene múltiples necesidades”, reclamó la joven, agregando que se hace indispensable que se reconozca que, pese a sus limitaciones, “tenemos valor y somos un ente clave en el desarrollo de todo país”.

De acuerdo con los miembros de Cadfi, hacer valer las leyes vigentes evitaría que sigan en el ciclo de tener que recurrir una y otra vez a los tribunales para hacer valer sus derechos, como viene sucediendo hace años. Reiteraron que tienen un sinnúmero de propuestas e iniciativas que buscan las mejores soluciones y que además benefician al pueblo en general.

Ambos proyectos de ley continúan activos en la Legislatura. El 2345 fue enviado a reconsideración y podría someterse a votación en cualquier momento. El 2301 está en la oficina del representante Alonso.

Pero más allá de los proyectos legislativos, los miembros de Cadfi denunciaron que en medio de la pandemia las personas con diversidad funcional están padeciendo todavía más, y no se han tomado disposiciones específicas para atender esas dificultades.

Denunciaron que “tenemos un problema grave en los negocios, donde se nos está negando acomodo razonable para poder hacer las compras”, lo que ha llevado a incidentes en ferreterías y otros comercios, que en algunas ocasiones ha terminado en que se niegue el servicio y, al menos en un caso, llevó a que una persona se accidentara y terminara en una sala de emergencias. Advirtieron a los propietarios que, por haber pandemia, no se suspenden las leyes ni los derechos de las personas con discapacidades, y de tomarían acciones legales si continúan sucediendo esos atropellos.

Asimismo, denunciaron que el DTOP anunciara que no va a activar el servicio de Llame y Viaje para personas con diversidad funcional que necesita retornar a sus trabajos ahora que se reabrió la economía, por alegadas razones de seguridad.

“Son personas que usan sillas de ruedas, que tienen problemas visuales, y el único recurso que tienen para poder llegar a su trabajo es a través de Llame y Viaje. Por ejemplo, una silla motorizada no puede ser transportada en otro vehículo que no tenga la rampa de acceso como las que tienen Llame y Viaje”, reclamó David Figueroa, presidente de Cadfi, haciendo un llamado a la gobernadora Wanda Vázquez y el secretario del DTOP, Carlos Contreras, a que reactiven el servicio de Llame y Viaje, y recordando que ese programa recibe fondos federales y que desde Washington se ha insistido en que las leyes tales como la Ley ADA, “se tiene que continuar validando independientemente de la pandemia”.