La comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), María D. “Lolin” Santiago, negó irregularidades en el registro de electores relacionado a duplicados y electores inscritos en Estados Unidos.

“La posición del PNP es buscar siempre tener un Registro Electoral depurado donde sólo electores domiciliados en Puerto Rico puedan votar”, alegó Santiago.

La comisionada emitió un comunicado de prensa en el que indica que responde a alegaciones del comisionado electoral del Partido Popular Democrático (PPD), Lind Merle Feliciano, sobre los duplicados y electores inscritos en Estados Unidos que “no tienen la razón”.

Santiago exhortó al comisionado del PPD a leer el caso Colón Marrero y Conty Pérez que presentó el PPD en el 2012, que ordenó a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), que para depurar el registro y sacar electores de las listas, como reclama el comisionado del PPD, hay que notificar al elector como parte de los requisitos de leyes federales y del debido proceso de ley.

“En el sistema electoral de Puerto Rico hay que notiticar al elector para excluirlo de las listas, como requisito de la ley electoral, leyes federales y la garantía del debido proceso de ley de ambas Constituciones, la Federal y la de Puerto Rico. La CEE tiene que enviar la notificación a los electores antes de excluirlos del Registro.”, explicó la comisionada novoprogresista quien por muchos años fue vicepresidenta de la CEE e inspeccionaba los procesos de depuración que se hacen desde la Secretaría.

La comisionada le ofreció enseñarle los procesos al comisionado del PPD “cuando él quiera”.

Lolin Santiago explicó que en la depuración se excluyen a los personas fallecidas. A esos electores no hay que notificarles. Esa información la provee el Registro Demográfico del Departamento de Salud. También, que los procesos de depuración del Registro Electoral se hacen en la CEE al acabar el año electoral.

“En la CEE en ese primer semestre del 2017 no se hizo la depuración correspondiente”, argumentó Santiago.

La CEE tiene una Registro Electoral con números inflados como resultado directo del caso federal del 2012, Colón Marrero v Conty Pérez que reclamaba la aplicación de las leyes federales Help America Vote Act (HAVA) y el National Voter Registration Act (NVRA) para entonces reactivar automáticamente para las elecciones y plebiscito del 2012 sobre 300 mil electores que la CEE había inactivado en el 2009.

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El caso resuelto en el 2016 por el Tribunal Federal de Apelaciones para el Primer Circuito de Boston resolvió que la CEE no podía depurar el Registro Electoral a menos que un elector no votara en dos elecciones generales y después de notificarlo.

En el 2016, el efecto fue activar por la vía administrativa 770 mil electores inactivos para inflar el Registro Electoral a 2,867,557 cuando entonces la población total de Puerto Rico, según el Censo federal, no alcanzaba a 3.4 millones de habitantes. La decisión causó que en el 2016 la CEE no tuviera información actualizada de esos 770 mil electores activados administrativamente: si se habían mudado, si se habían muerto, o si eran inscripciones duplicadas de electores.