El presidente Partido Popular Democrático (PPD), el senador Aníbal José Torres y el exgobernador y candidato a comisionado residente de Puerto Rico en Washington, Aníbal Acevedo Vilá y los legisladores José Luis Dalmau, Luis Vega Ramos y Ángel Matos García denunciaron hoy el silencio del Departamento de Justicia Federal sobre la consulta Estadidad Sí o No, luego de que este organismo no se expresara dentro del término que dispone la ley que impone ese plebiscito, según alegaron.

Sin una autorización del Departamento de Justicia de Estados Unidos, se tendrían que desembolsar $3.5 millones de fondos públicos del gobierno para la celebración del propuesto plebiscito y esto, según el PPD, constituiría un despilfarro innecesario de fondos públicos del pueblo de Puerto Rico, en momentos en que la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) no cuenta con los fondos suficientes ni para las primarias del domingo, 9 de agosto de 2020, ni para las elecciones generales, según los candidatos populares al 2020.

“El silencio del Departamento de Justicia Federal ante la intención del PNP de que le certifiquen la papeleta de su plebiscito, evidencia que no hay interés alguno a nivel de Estados Unidos en la celebración de otro evento amañado para atender el tema del status”, aseguró el presidente popular.

Por su parte, Acevedo Vilá añadió que “para todos los efectos legales el silencio del Departamento de Justicia federal significa un rechazo de pleno a esa papeleta. Dicha Ley 51, en su Artículo 3.1 especifica que el término máximo para la certeza, pureza y garantía de derechos de los electores y para salvaguardar el ejercicio del derecho al voto; el derecho protegido bajo la Enmienda Primera; y los términos legales y constitucionales de Puerto Rico que son requisitos procesales previo a cualquier evento electoral, se considera el 30 de junio de 2020, como la fecha máxima para completar todo trámite, certificación y desembolso relacionado con la realización de este plebiscito. Pasó la fecha y en Washington ni dieron acuse de recibo al PNP”.

Acevedo Vilá señaló además que la comisionada residente de Puerto Rico en Washigton, Jenniffer González, no pudo lograr que Justicia Federal se interesara en el tema, ya que el Artículo 3.5 de la Ley 51 especifica que tanto Gobernadora, la Comisionada Residente y el Presidente de la CEE, darán seguimiento a la puntual culminación de los trámites dispuestos y mantendrán informados del estatus de estos al Presidente de Estados Unidos; a los presidentes de las cámaras legislativas del Congreso y a los presidentes de las cámaras en la Asamblea Legislativa”.

Por su parte, Dalmau Santiago señaló que es “el costo total del plebiscito, de $3.5 millones los terminará pagando usted, ciudadano que me escucha”.

Vega Ramos argumentó que dicho planteamiento se especifica en el Artículo 3 de la Ley, que indica que “si al 30 de junio no se lograba la aprobación de Justicia Federal todo trámite, certificación y desembolso relacionado con la Ley Pública 113-79 (2014), entonces el evento se llevaría a cabo al amparo de la ley de Puerto Rico, sin los fondos federales”. En los documentos presentados por el Presidente de la CEE al Secretario de Justicia federal, se certificaba que el costo de este evento electoral sería de $3.5M ($2M para la campaña educativa y $1.5M para la impresión de papeletas, programación de las máquinas de votación y eventos relacionados al evento.)

Mientras, el representante Matos García añadió que al presente no se conoce de ninguna acción o seguimiento oficial de parte de la Gobernadora, la Comisionada Residente o el Presidente de la CEE según dispone el artículo 3.5 de la ley local.

Finalmente, Acevedo Vilá señaló “a todos los puertorriqueños que de buena fe creen que la estadidad es una alternativa real, deben saber y aceptar que estamos nuevamente ante otro desprestigiado y carísimo plebiscito criollo. Por eso le reclamamos al Presidente de la CEE que certifique de dónde van a salir los $3.5 millones que se necesitan para llevar a cabo este mal llamado plebiscito”.